María Sol Larrea Sánchez, coordinadora nacional de gestión de las unidades médicas del IESS, remitió un oficio en el cual se hacía un estimado de los costos de limpieza y desinfección de los hospitales de la seguridad social de Santo Domingo y Babahoyo. En el documento, Larrea, establecía que la contratación externa del servicio de limpieza (con un costo de USD 35.96 por metro cuadrado por 5 años) representaba un ahorro estimado de USD 812.436,93, en comparación con el costo de realizar la función con personal propio. El informe de Larrea no tenía ningún tipo de respaldo de sus conclusiones. No existían cotizaciones, ni los costos del personal y los insumos, ni tampoco las superficies de las áreas que serían sometidas a los procesos de limpieza, por lo que no eran datos verificables. (Plan V, 2016)

A pesar de que el documento presentado por María Sol Larrea, no tenía soportes, y tras algunas observaciones del procurador del IESS, el director general de Seguridad Social, Fernando Guijarro Cabezas, remitió al presidente del Consejo Directivo, Ramiro González, un informe solicitando que se inicie el proceso de contratación del servicio de limpieza hospitalaria, con un presupuesto referencial de USD 7’929.180. (Plan V, 2016)

El Consejo Directivo del IESS, presidido por González, resolvió autorizar el gasto, pero por dos años, no por cinco, y con un presupuesto referencial de USD 3’171.672. Tras la publicación del proceso en el portal de compras públicas, se recibieron 14 ofertas, de los que la comisión técnica decidió que sólo dos cumplían con los requisitos: Juan Carlos Pérez (Super Clean) e Hidropress. (Plan V, 2016)

Se recomendó la adjudicación del contrato a Super Clean, por un monto de USD 2’991.363. (Plan V, 2016)

Tras la recomendación de septiembre, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suscribió con la empresa Super Clean un contrato por casi USD 3 millones, por la limpieza de dos hospitales del IESS en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo. (Plan V, 2016)

La Contraloría General del Estado remitió un informe a la Fiscalía sobre el proceso contractual que se celebró entre el IESS y Super Clean. Según la Contraloría, existen irregularidades en las fases preparatoria, precontractual y contractual del proceso. Entre estas se destacan:

• La falta de respaldos del informe suscrito por Maria Sol Larrea.

• La remisión de informe sin respaldos por parte del Director General de la Seguridad Social al Consejo Directivo del IESS.

• La reducción del plazo y el monto, aprobada por el Consejo Directivo, sin ningún tipo de respaldo técnico.

• Deficiencias en la elaboración de los pliegos del concurso, mismos que no toman en  la diferencia en los requerimientos de limpieza en las diferentes áreas de un hospital (por ejemplo entre una área administrativa y un quirófano) ni las necesidad específicas de manejo de limpieza propias de un Hospital.

• Irregularidades en el proceso de descalificación de empresas postulantes a brindar el servicio de limpieza.

• Asimismo, se verifica que las referencias presentadas por Super Clean (contratista) en el proceso no cumplían con los requisitos solicitados; la empresa no estaba legalizada en el Servicio de Contratación Pública; la limpieza de Hospitales no estaba incluida en su razón social; de los 33 empleados que Super Clean presentó como capacitados en limpieza hospitalaria solo 23  habían recibido un curso y los empleados no estaban afiliados al IESS. Razones que debieron llevar a la descalificación de la empresa en el proceso.

• La oferta económica de Super Clean superó en USD 34.036 a la de la otra empresa ofertante.

• En la ejecución de actividades, se encontraron irregularidades en el manejo de los desinfectantes y productos de limpieza y en la señalética necesaria para el manejo de la basura hospitalaria. (Plan  V, 2016)

María Sol Larrea, ex funcionaria del IESS, y su esposo Marcelo Espín fueron detenidos mientras intentaban salir del país hacia Estados Unidos. (El Comercio, 2018)

La Fiscalía lideró cuatro allanamientos a bienes relacionados con Ramiro González en Pichincha, Manabí y Esmeraldas. (El Universo, 2017) González, según el entonces Ministro de Interior, presuntamente fue alertado de los operativos, por lo que tuvo la oportunidad de escapar. (El Comercio, 2017) El Fiscal General confirma que existe una orden de detención contra González (El Universo, 2017).

La jueza acogió el pedido de Fiscalía y sentenció a Marcelo Espín a 3 años de cárcel por enriquecimiento privado no justificado. (El Comercio, 2018)

Luego de reconocer el cometimiento del delito, María Sol Larrea fue sentenciada por tráfico de influencias a una pena de doce meses de privación de la libertad y la imposición de una multa de doce salarios mínimos, es decir, USD 200 mil, por tráfico de influencias. Este fallo judicial indica que la procesada benefició a Super Clean en el proceso de contratación de limpieza para los hospitales del IESS, causando un perjuicio al Estado que supera USD 2 millones. (Unidad Judicial Penal 1; 2017) En el expediente fiscal se incluyó un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), entidad que rastreó los movimientos de Espín y Larrea, e identificó que eran accionistas de 16 empresas. (El Comercio, 2018)

Larrea recibe su segunda sentencia, en este caso por enriquecimiento ilícito, y es condenada a una pena privativa de libertad de 4 años y medio. (El Comercio, 2018) De acuerdo con la sentencia, Larrea no pudo justificar el aumento de ingresos, bienes muebles e inmuebles y transferencias bancarias durante los años 2010 y 2015, cuando ejerció varios cargos públicos, como el de Coordinadora Nacional del IESS. (Unidad Judicial Penal, 2019. P. 9)

La Fiscalía acusa a Ramiro González, por presunto tráfico de influencias. Él, junto con otras siete personas están siendo procesados por el contrato de limpieza adjudicado a Super Clean. Por su parte, González habría ejercido presión para que los encargados de contratación elijan a la empresa citada (La Hora, 2018)

La noche del 10 de agosto de ese mismo año, descubren a Ramiro González cenando en Lima, según lo atestigua un video y una fotografía que circulaban en redes sociales. Él se encontraba en el restaurante Isolina, en el sector de Barranco. (La República, 2018)

María Sol Larrea cumplió su condena de 1 año por tráfico de influencias. Sin embargo, la ex funcionaria no ha podido recuperar su libertad debido a que todavía cumple con la pena privativa por el delito de enriquecimiento ilícito.

El Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria, en contra de Wilmer Paúl Veloz Almeida, Raúl Bolívar Bolaños y Carlos Virgilio Carrión, por el delito de tráfico de influencias. A los tres imputados se les impuso una pena privativa de libertad de 8 años y un pago de USD 459 mil como reparación integral. Los tres ciudadanos formaron parte del proceso de contratación de la empresa Super Clean. (Fiscalía General del Estado, 2018)

La ministra del Interior, María Paula Romo anunció en su cuenta de Twitter la detención de Ramiro González por parte de las autoridades judiciales en Perú. (El Universo, 2019) Ramiro González tenía alerta roja de la Interpol (El Comercio, 2019)

Ramiro González presentó una solicitud de refugio en Perú. (El Comercio, 2019). Por su parte, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia detectó que María Sol Larrea no declaró ante Contraloría un departamento en Miami, valorado en USD 440 mil. La Secretaría Anticorrupción presentó la información a la Fiscalía General del Estado (El Telégrafo, 2019)

La Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad de sentencia del 20 de diciembre de 2018, por el caso de tráfico de influencias en el IESS. La decisión se adoptó afirmando que el proceso no cumplió con las debidas garantías, afectando la legítima defensa. Por lo tanto, la audiencia de juicio deberá realizarse nuevamente. (El Telégrafo, 2019)

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador pidió a Perú formalmente la extradición del exdirector del IESS, Ramiro González. (El Universo, 2019)

La justicia ratificó la prisión preventiva en contra de María Sol Larrea, tras la petición de su defensa de revisar la medida cautelar. (El Comercio, 2019)