Por medio de acuerdo ministerial No 00126-2020 del Ministerio de Salud, se declara la emergencia sanitaria por el COVID-19 en territorio nacional. (COE, 2020)

Lenín Moreno declara el estado de excepción en todo el territorio nacional mediante Decreto Ejecutivo 1017. Esta medida busca evitar la propagación del coronavirus, por lo cual se suspenden todas las actividades y servicios públicos excepto salud, seguridad y riesgos. (Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020)

La Comisión Nacional Anticorrupción da a conocer el primer caso de supuestos sobreprecios en la compra de insumos médicos tras un proceso de contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Así, La Contraloría General del Estado (CGE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) dan inicio a una serie de investigación en distintas contrataciones enmarcadas en la emergencia sanitaria por COVID-19. (Primicias, 2020)

Se difunden denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en los procesos de adjudicación realizados por el hospital del IESS de Los Ceibos para la adquisición de 4.000 bolsas para el embalaje de cadáveres a través de redes sociales. (Primicias, 2020) 

Entre los denunciantes se encuentra la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo, quien comparte en su Twitter capturas de pantalla de la plataforma del Sistema Oficial de Compras Públicas sobre el proceso HGNGC-RE-2020-001-00010, donde se detallan los precios de adquisición de varios insumos médicos. Específicamente se muestra que se adquieren bolsas para embalaje de cadáveres adultos con un precio unitario de USD 148.50, sumando un total de USD 594.000 por las 4.000 unidades. (Reyes, C, 2020). En redes sociales se detonan denuncias comparando estos precios a los precios de mercado de productos con características similares, que cuestan desde USD 12 la unidad, evidenciando un posible sobreprecio. 

El proceso de adjudicación realizado por el Hospital de los Ceibos está descrito como “Adquisición de insumos de enfermería para abastecimiento de emergencia COVID-19”, y en este se incluyen otros insumos como guantes de nitrilo, mascarillas quirúrgicas y N95, sumando un total de USD 872.000. Este contrato fue adjudicado a la empresa Silverti. (El Universo, 2020)

El Hospital de Los Ceibos emite un comunicado afirmando que el proceso de adquisición de las 4.000 bolsas para cadáveres fue transparente y de acuerdo a la normativa establecida. Además el hospital señala que el proceso se realizó bajo la modalidad de contratación de emergencia con la participación de cuatro empresas oferentes con precios unitarios para bolsas de cadáveres entre USD 148.50 y USD 160. (El Comercio, 2020)

La Contraloría ejecuta exámenes especiales en 5 hospitales del país por presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos. Entre los hallazgos de la Contraloría se concluye que en el Hospital de los Ceibos, la compra de insumos de bolsas para embalaje de cadáver adulto se realizó con sobreprecio. (CGE, 2020) 

La Fiscalía, a través de la unidad fiscal de transparencia y lucha contra la corrupción, inicia una investigación sobre posibles sobreprecios en la compra de bolsas para cadáveres con un parte policial que recoge las denuncias ciudadanas que señalan que el valor en el mercado de bolsas para cadáveres es de USD 12 por unidad. (FGE, 2020) 

Posteriormente, ese mismo día, la Fiscalía procede a ejecutar 7 allanamientos en Quito y Guayaquil en oficinas y domicilios de funcionarios del IESS, responsables de la contratación, y representantes de la empresa adjudicada para recabar indicios en la investigación. En Quito, en la oficina de Silverti se decomisaron tres computadores de escritorio, dos portátiles, agendas y una caja fuerte. En Guayaquil se obtuvo documentación relacionada con el proceso y otros equipos electrónicos. Tras los allanamientos se detuvieron a 4 personas a quienes se les formulará cargos. (FGE, 2020)

La Fiscalía formula cargos en contra de cuatro ciudadanos por el presunto delito de peculado en el proceso de adquisición de bolsas para cadáveres. (El Universo, 2020) Además, se les prohíbe enajenar bienes y vehículos y se bloquearon sus cuentas bancarias. Estos ciudadanos son:

• Susana Mera León, gerente del hospital de los Ceibos.

• Cristina del Rocío Goya, exgerente de compras públicas del hospital de Los Ceibos.

• Johanna Isabel Vinueza Franco, exdirectora administrativa del hospital.

• Fabián Humberto Benavides Montenegro, beneficiario de una cuenta relacionada con Silverti. (FGE, 2020)

Durante la audiencia, el abogado de Silverti, Édgar Molina, asegura que la investigación no está tomando en cuenta que el precio de USD 148.50 pertenece a un pack de dos bolsas para cadáveres, no solamente una (USD 74.25 casa bolsa). Además Molina asegura que la prohibición de enajenación de bienes y el bloqueo de cuentas de la empresa no debería proceder ya que la empresa no es parte del proceso, por lo cual plantea la presentación de un habeas corpus a la orden dirigida a la gerente general de Silverti. (El Universo, 2020)

José Javier de la Gasca, Secretario Anticorrupción de la Presidencia, afirma que en el proceso que se investiga no se habrían realizado pagos, lo cual no ha generado perjuicio en el Estado. Por el contrario, Molina asegura que ya entregaron los 4.000 paquetes de bolsas de cadáveres y ya recibieron una parte del pago. (El Universo, 2020)

Se dicta prisión preventiva para los implicados en el presunto delito de peculado en la compra de bolsas para cadáveres: Susana Mera, Cristina Goya, Johanna Vinueza y Humberto Benavides. (Policía Nacional, 2020)

La Contraloría emite un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) en la compra de bolsas para cadáveres para el hospital de Los Ceibos en Guayaquil. Este informe determina que:

• Las bolsas para cadáveres se adquirieron con una diferencia de USD 137 cada una.

• La compra de 4.000 fundas en USD 148,5 cada una refleja un sobreprecio de 1.311% al compararse con los precios de mercado (El Comercio, 2020)

• La compra realizada por el hospital de los Ceibos representa el 51% del total de bolsas adquiridas a nivel nacional.

El contralor general del Estado, Pablo Celi remite a Fiscalía los informes con indicios de responsabilidad penal tras los exámenes especiales efectuados en los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur. (CGE, 2020)

La Fiscalía crea la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria integrada por 10 fiscales de la Unidad Nacional de Transparencia y Lavado de Activos, agentes operativos y especializados, expertos en contratación pública y análisis financiero en todo el país. (Primicias, 2021)

La Fiscalía vincula a Daniel Salcedo en el proceso por presunto delito de peculado en la adquisición de bolsas para cadáveres del hospital de los Ceibos, sumando un total de cinco implicados. Además, la Fiscalía dicta prisión preventiva para Salcedo quien habría intentado huir a Perú en días previos a esta orden pues ya constaba una boleta de captura en su contra por otro caso de corrupción sobre la compra de insumos médicos para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. También se le prohíbe enajenar bienes y vehículos además de congelar sus cuentas bancarias; llegó en la madrugada al país tras ser expulsado de Perú. (GK, 2020).

La Fiscalía vincula al caso a otros 4 individuos:

• Sandra Marynelcy Ortega Romo, representante legal de la empresa Silverti S. A., y quien suscribió el contrato de compra de insumos

• Lenin Alfonso Romo Guzmán, representante legal de Bioim Cía. Ltda., empresa beneficiaria de transferencias de Silverti S. A.

• Jorge Antonio San Lucas Vanegas, representante legal de la empresa Ecap-Medic

• Alejandro Barahona Rodríguez, contador de Bioim, accionista de Ecap-Medic y hombre de confianza de Daniel Salcedo. (FGE, 2020)

La fiscal del caso, Claudia Romero, presenta su dictamen acusatorio en contra de 9 personas por supuesto sobreprecio en la compra de 4.000 bolsas para cadáveres del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los Ceibos. (El Universo, 2021)

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el abogado de Daniel Salcedo, José Romero, afirma que su cliente no tiene relación con el IESS. El abogado de otro procesado asegura que no existe delito ya que el monto del contrato no fue desembolsado. Finalmente, la audiencia fue suspendida en la tarde y el juez, Reinaldo Cevallos informará a los procesados la siguiente fecha y hora para la reinstalación de la audiencia. (El Universo, 2021)

El juez Reinaldo Cevallos dicta llamamiento a juicio en contra de ocho de los nueve acusados por la Fiscalía. Este mismo juez ratifica la inocencia de Humberto Benavides, esposo de Sandra Ortega, representante de Silverti. (Expreso, 2021)

Se instala la audiencia de juicio con la presentación de los alegatos de apertura ante jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. (Expreso, 2021). La Fiscalía busca probar que el proceso habría favorecido a la representante de la empresa adjudicada, coadyuvando a la adjudicación y ejecución de este proceso contractual los procesados Daniel Salcedo, Alejandro Barahona, Lenin Romo y Jorge San Lucas. En la audiencia se presentan a los primeros tres testigos, entre los cuales está el oficial que levantó el parte policial. (FGE, 2021)

Durante el segundo día del proceso, la Fiscalía llama a nuevos testigos gracias a los cuales se va consolidando la materialidad de la infracción. Así se deja constancia de las denuncias ciudadanas que fueron informadas a la autoridad competente y que, aunque el IESS establece parámetros para las contrataciones públicas durante la emergencia por COVID-19, los mismos no pasaban de ser lineamientos generales. (FGE, 2021)

Concluye el tercer día de audiencia a la cual acudieron a testificar once funcionarios del hospital. Los funcionarios declararon sobre la regularidad en la compra relacionada al caso. También se presentó evidencia del peritaje, a partir de información conseguida en los celulares de los implicados. Los implicados habrían abusado de sus funciones al disponer arbitrariamente del dinero público para la compra al no seguir la normativa establecida para las compras públicas, en especial al no realizar un adecuado estudio de mercado. Además se señala que la partida presupuestaria por USD 872.000 fue asignada arbitrariamente. (FGE, 2021)

Inicia el cuarto día de audiencia en el que son llamados 15 testigos, entre ellos funcionarios que participaron en la elaboración de los informes gracias a los cuales se hizo la adjudicación y el perito que recogió la evidencia relacionada que se presentó durante la audiencia. (FGE, 2021)

La audiencia se suspende por la comisión de perjurio flagrante por parte de un testigo. Este testigo fue arrestado y trasladado a la Unidad de Flagrancia. (GK, 2021)

Se reinstala el juicio en su quinto día y la Fiscalía presenta tres testigos más, quienes detallaron la venta de bolsas para cadáveres a precios con al menos un 50% de diferencia con respecto al valor de mercado. Uno de los testigos le suministró 2,000 fundas a la empresa Silverti, que las vendió al Hospital de Los Ceibos como contratista. La audiencia duró hasta la noche del 21 de abril. (FGE, 2021)

Inicia el sexto día de audiencia. Diez testigos más fueron convocados por la Fiscalía, policías que allanaron las instalaciones de Silverti en Quito y Guayaquil, del Hospital Los Ceibos y los domicilios de los procesados. (FGE, 2021).

Concluye el séptimo día del juicio. No se tiene detalles de esta audiencia en boletines de prensa emitidos por la Fiscalía General del Estado. (FGE, 2021)

El juicio entra en su octavo día. Se presentaron nuevos testigos, agentes policiales que allanaron las instalaciones de la empresa Silverti en Quito y Guayaquil, así como las del Hospital Los Ceibos. Los peritos de las diligencias investigativas también dieron su testimonio. Hasta el momento suman 43 las pruebas testimoniales presentadas por Fiscalía (FGE, 2021), habiéndose escuchado ya más de 50 testimonios en total. (El Universo, 2021)

El caso de posible sobreprecio de las bolsas para cadáveres adquiridas por el Hospital de los Ceibos continúa su curso en el sistema judicial ecuatoriano.

La agente fiscal del caso Bolsas para Cadáveres, Claudia Romero Ramirez, mediante Oficio No. FGE-UAA-2021-002773-O al Comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, General Fausto Geovanny Buenaño Castillo, notifica la interceptación e intimidación del juez ponente del caso, es decir quien dirige el proceso, Dr. Francisco Flores Barragán, por parte de personas sospechosas con armas de fuego, por lo que se solicita la provisión de seguridad al magistrado mediante la asignación de un equipo policial en las instancias de su traslado desde su domicilio a la Unidad Judicial Albán Borja, y desde esta de vuelta a su domicilio; esto a la mayor brevedad posible. En esta ocasión el juez solamente fue víctima del robo de su celular (Noticiero 24 Horas, 2021).

Durante 12 horas desaparecieron, de un centro de acopio de la policía judicial, las fundas para cadáveres compradas con sobreprecio que sirven de evidencia en contra de Daniel Salcedo y 7 procesados más en el caso. 

Alrededor de las 11 p.m del día 28, instalada la audiencia de juicio en contra de los antes mencionados, la fiscal Romero pidió el traslado de las fundas a la unidad judicial, sin embargo se descubre que las fundas desaparecieron de sus cajas, y se emite una alerta. En la mañana del siguiente día, se notifica que las fundas fueron halladas en las mismas instalaciones, en un cuarto distante de la ubicación previa (Televistazo, 2021).