El vicepresidente Alberto Dahik renuncia a su cargo, al enfrentarse a un juicio penal por el manejo y destino presuntamente fraudulento de fondos públicos relacionados con los gastos reservados de la vicepresidencia. Huye del país. (Observatorio Anticorrupción)

Abdalá Bucaram sale del país tras ser destituido por el Congreso bajo la figura de incapacidad mental para gobernar (Congreso Nacional, 1997). Días más tarde, se refugia en la Ciudad de Panamá, en donde solicita asilo político. Ese mismo año, se emite una orden de prisión preventiva en su contra tras la denuncia la supuesta sustracción no justificada de dineros desde el fondo de gastos reservados del Banco Central por parte de la Presidencia. (El Universo, 2017)

Abdalá Bucarám es llamado a juicio por el caso “Mochila Escolar”, en el marco de un contrato irregular de USD 40 millones para la adquisición de mochilas para estudiantes durante su gobierno. (El Universo, 2017)

Tras ganar las elecciones en segunda vuelta contra  Alvaro Noboa, Jamil Mahuad Witt asume la presidencia de Ecuador de la mano del partido Democracia Popular. (Clarín, 1998)

El coronel del ejército Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, acompañado de varios oficiales y tropas, y junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dan un golpe de Estado a Jamil Mahuad, poco tiempo después de que las Fuerzas Armadas le quitasen el respaldo a este último. Estos eventos se desarrollan en el marco de las protestas ocasionadas como respuesta al feriado bancario y sus efectos  (Observatorio Anticorrupción).

1. La llamada Junta de Salvación Nacional, dirigida por el coronel Gutierrez, forma un triunvirato simbólico, donde participa él junto con Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, y Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema. En cuestión de horas, Gutierrez cede el mando del mismo al Comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza. 

Cuando se hizo claro que este intento de gobierno militar no era reconocido nacional o internacionalmente, Gustavo Noboa, vicepresidente de Mahuad, es posesionado como Presidente de la República, mientras Gutierrez y quienes le siguen son arrestados por dar un golpe de Estado, y retenidos en el Fuerte Militar Atahualpa durante 120 días. (Avilés, s.f).

Durante el gobierno de Gustavo Noboa, el Congreso aprueba una ley de amnistía para civiles y militares que fueron parte del levantamiento que condujo al derrocamiento de Jamil Mahuad a principios del año. Entre ellos se encuentra Lucio Gutiérrez, quien lideró a los militares que apoyaron el levantamiento. (IPS, 2000)

Lucio Gutiérrez funda el Partido Sociedad Patriótica (PSP) para participar en las elecciones generales de ese año. (Montufar, s.f)

Gutiérrez es elegido Presidente en segunda vuelta, venciendo con 54,7% de los votos a su rival Alvaro Noboa, quien obtiene 45,2% de los votos. (Televistazo, 2021) Llega al poder mediante una alianza con los partidos Pachakútik y Movimiento Popular Democrático (MPD) además de otros movimientos sociales. (de la Torre, 2008)

El expresidente de la República, Leon Febres Cordero, que entonces fungía como diputado socialcristiano, denuncia al expresidente Gustavo Noboa y a su hermano Ricardo Noboa (expresidente del Consejo Nacional de Modernización de 2000 a 2002), por un perjuicio de USD 9,000 millones durante la renegociación de la deuda externa. (El Universo, 2003) Según Febres-Cordero, Noboa pagó “ilegal e indebidamente 42.6 millones de dólares en bonos globales y 5.7 millones de dólares por honorarios para reestructurar, en julio del 2000, la deuda externa”. (El Universo, 2004)

Febres Cordero entrega a la Fiscalía su acusación contra Noboa y sus ex ministros de Finanzas, Jorge Gallardo y Francisco Arosemena. Aparte del supuesto pago indebido en bonos, Febres Cordero asegura que Noboa dictó un decreto ejecutivo en junio del 2000, “a través del cual crea ilegalmente la comisión renegociadora de la deuda externa. De acuerdo con la ley vigente, en ese entonces la ley orgánica de administración financiera y control, solo el ministro de Finanzas y el Banco Central del Ecuador podían renegociar la deuda externa”. (El Universo, 2004)

El Movimiento Popular Democrático y el Partido Libertad oficializan por separado el llamamiento a juicio político a Gustavo Noboa por el delito de peculado. (La Hora, 2003)

Noboa informa que República Dominicana le ha concedido asilo político. Noboa alega que no puede confiar en la justicia de su país debido a la supuesta parcialidad política en los juicios que se siguen en su contra. (El Universo, 2004)

La presidencia de Lucio Gutiérrez contaba solamente con el apoyo de su propio partido en el Legislativo (Basabe, S. & Llanos, S., 2014), que contaba con apenas seis diputados. (Diario Hoy, 2002)

Ante una situación de bajo respaldo público y pocos votos dentro de la Asamblea Nacional, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) forma una coalición con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Renovador Institucional Alianza Nacional (PRIAN) en el Congreso. A cambio de apoyo en el Congreso para aprobar determinadas leyes, el PRE solicita la reestructuración de la Corte Suprema con miras a viabilizar el retorno del expresidente Abdalá Bucaram. (Basabe y Llanos, 2014)

Por iniciativa del Partido Social Cristiano (PSC) dirigido por León Febres Cordero, la Izquierda Democrática (ID) dirigida por Rodrigo Borja, y Pachakutik dirigida por Jorge Guamán, se comienza a recoger firmas de los diputados para iniciar un juicio político en contra del presidente Gutiérrez, por supuesto mal uso de los recursos públicos durante campaña electoral. (El Universo, 2004)

50 diputados de las bancadas del PSC, la ID, el MPD y Pachakútik presentan formalmente la petición de juicio político contra Lucio Gutiérrez en el Congreso Nacional por supuesto peculado, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado. Para lograr su objetivo de destituir al Presidente la oposición necesita 67 votos (Infobae, 2004). Mientras que el partido oficialista buscaba evitar la destitución de Gutierrez en tal juicio político manteniendo las alianzas. (Basabe, S. & Llanos, S., 2014)

El presidente Gutiérrez convoca al Congreso Nacional a una sesión extraordinaria. En esta sesión los congresistas buscarían “conocer y resolver la situación jurídica constitucional de la Función Judicial”. (CorteIDH, 2014) No obstante, el presidente no hizo referencia alguna a que se discutiría el ejercicio del cargo de los magistrados de la Corte Suprema.

Se lleva a cabo la sesión extraordinaria del Congreso Nacional convocada por el presidente Gutiérrez. En la sesión se presenta la moción para cesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta moción se aprueba con 52 votos a favor, 3 en contra y 40 congresistas que optaron por no votar. (Procuraduría, 2014) Se emite así la Resolución No. R-25-181, la cual cesa de sus funciones a los magistrados de la CSJ. (Castro 2007) Esa misma resolución designa a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los nuevos magistrados designados fueron: 

• Primera Sala de lo Penal: Dr. Guillermo Castro Dáger, Dr. Francisco Icaza Garcés, Dr. Jorge Fantoni Camba. 

• Segunda Sala de lo Penal: Dr. Luis Alvarado Macías, Dr. Rossy Nevárez Rojas, Dra. Angelita Albán Llanos. 

• Primera Sala de lo Civil: Dr. Carlos Pozo Montesdeoca, Dr. Luis Fernando Ortiz Bonilla, Dr. José García Falconí.  

• Segunda Sala de lo Civil: Dr. Bolívar Vergara Acosta, Dr. Bolívar Guerrero Armijos, Dr. Ramiro Román Márquez.  

• Tercera Sala de lo Civil: Dr. Ramón Rodríguez Noboa, Dr. Armando Bermeo Castillo (quien no aceptó la designación), Dr. Efrén Gavilanes Real.  

• Primera Sala de lo Laboral: Dr. Darwin Muñoz Serrano, Dr. Adolfo Cuvi Gaybor, Dr. Gonzalo Silva Hernández.  

• Segunda Sala de lo Laboral: Dr. Oswaldo Toledo Romo, Dr. Gonzalo Proaño Cordones, Dr. Norberto Fuertes Vallejo.  

• Tercera Sala de lo Laboral:: Dr. Luis Cueva Camón, Dra. David Saa Cumandá Altamirano Escobar, Dr. Julio Jaramillo Arízaga, 

• Sala de lo Administrativo: Dr. Carlos Gerardo Vásquez, Dr. Ernesto Velásquez Baquerizo, Dr. Gonzalo Muñoz Sánchez.  

• Sala de lo Fiscal: Dr. Ángel Garzón Zapata, Dr. Efrén De la Torre Terranova, Dr. Tito Libio Mendoza Guillem, Dr. Gonzalo Guerrero Cazares (CIDH, 2006).

Se destaca que cuatro de los magistrados nombrados formaban parte de la antigua Corte: Bolívar Guerrero Armijos, Bolívar Vergara Acosta, Julio Jaramillo Arízaga y Armando Bermeo Castillo. Este último, como se señaló, no acepta este nuevo nombramiento.

La lista de candidatos a la Corte tuvo varios cambios antes de ser aprobada. (Plan V, 2015)

El mismo día la Policía Nacional desaloja al Presidente de la CSJ y a algunos magistrados que se encontraban en el Palacio de Justicia y se negaban a abandonar sus despachos. Además, se impide el ingreso de otros magistrados y empleados. (Procuraduría General del Estado, 2014)

Ramón Rodriguez Noboa es nombrado presidente de la Corte. Rodríguez, asegura que “los sectores que rechazan esta resolución son aquellos que temen que sus intereses se vean afectados.” (El Universo, 2005) Rodríguez en una entrevista ante un canal nacional de televisión afirma que había aceptado la designación ante la gentil propuesta del presidente Gutiérrez. (Plan V, 2015)

Se publica la Resolución No. 25-181 en el Registro Oficial No. 485, en la cual queda constancia de la que sería la sexta Corte Suprema en funciones desde el retorno a la democracia en 1979.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibe una denuncia presentada por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Quintana Coello, y otros 26 magistrados cesados de sus funciones. Los exmagistrados, alegaron la violación de varias disposiciones de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, basados en que mediante la resiolución aprobada por el Congreso el 8 de diciembre, fueron cesados en sus cargos de manera irregular y arbitraria. Según los denunciantes, la resolución de cese fue emitida en desconocimiento de los procedimientos establecidos constitucional y legalmente para ello, sin garantías de debido proceso y sin posibilidad de contar con un recurso judicial frente a dicha situación. (CIDH, 2011)

Ramón Rodríguez renuncia a su cargo en medio de un ambiente de presiones de diferentes grupos que alegan la arbitrariedad de su nombramiento y la injerencia del Ejecutivo. En su carta de renuncia Rodríguez deja constancia de su inconformidad por la resolución del pleno que negó la posibilidad de que la sociedad civil cuestione a los candidatos a vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. (El Universo, 2005)

Guillermo “Pichi” Castro Dáger, con trayectoria en el Partido Roldosista Ecuatoriano y cercano a Bucarám, es posesionado como nuevo presidente de la Corte, al ser primero en la lista del decreto 25-181 y por tanto subrogante de la Corte Suprema de Justicia. (Contigo Siempre Radio, 2020) A partir de su posesión como presidente de la CSJ, esta pasa a ser conocida como la “Pichi” Corte. (El Telegrafo, 2015) 

Antes de ser designado para la Corte, Castro Dáger ejerció otros cargos públicos, como procurador cívico en el Consejo Provincial de Guayas, en el Tribunal Contencioso Administrativo Regional 2 de Guayaquil (para Guayas, Los Ríos, Galápagos y Manabí), como Fiscal General, y vocal del Tribunal Constitucional. También estuvo en lista para consejero del Guayas y se postuló para la alcaldía de Salinas, sin lograr acceder a estos cargos de elección popular. La cercanía de Castro con Bucaram se da en el marco del PRE, y su amistad le llevó a visitar a Bucaram durante el tiempo en el que este vivía autoexiliado en Panamá. (Contigo Siempre Radio, 2020)

A raíz del escándalo provocado por la posesión de la nueva Corte y la injerencia en la justicia por parte del Presidente, más de 70.000 personas protestan en distintas ciudades del país. A partir de este momento las manifestaciones populares seguirán escalando a nivel nacional. (El País, 2005)

La “Pichi” Corte, por solicitud de su presidente, anula los juicios en contra de los ex presidentes Abdalá Bucarám y Gustavo Noboa, así como del exvicepresidente Alberto Dahik. Dahik regresa a Ecuador de su exilio en Costa Rica ese mismo día en la tarde, y se queda por 15 días más.

Según el propio Castro Dáger, los juicios contra Bucaram fueron anulados dado que desde su origen eran nulos. Explicó que no existía forma en que los diputados supieran que Bucaram, al ser destituido, realmente tuviera una incapacidad mental, y que no valdría el sustento de aquello en base a meros artículos periodísticos, además de que al ser declarado en incapacidad mental ni siquiera debió ser posible realizar ningún juicio en su contra. En cuanto a Dahik, la anulación de su juicio se basó en que previamente el recurso de nulidad interpuesto por este último en el 97 ya estaba aceptado, y solo le faltaba ser ejecutoriado. En cuanto a Noboa, sus juicios eran nulos porque provenían de una persecución política por parte del adversario de este, León Febres-Cordero. (Contigo Siempre Radio, 2020)

Abdalá Bucaram regresa a Ecuador tras 8 años de autoexilio en Panamá. (El Comercio, 2010)

El expresidente Gustavo Noboa regresa de República Dominicana. (El Telegrafo, 2015)

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) pide a la Fiscalía que inicie un juicio por prevaricato en contra de Castro Dáger, tras dejar sin efecto los juicios penales en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik. (El Universo, 2005)

Guillermo Castro declara ejecutoriada la nulidad de los juicios contra los expresidentes y exvicepresidente. (La Hora, 2005)

Inicia la llamada Rebelión de los Forajidos, denominada así a partir de las declaraciones de Lucio Gutiérrez sobre las personas que protestaban en contra de su gobierno. El movimiento estaba conformado mayoritariamente por bases de la sociedad civil, acompañada de movimientos sociales y partidos de la izquierda ecuatoriana. Este movimiento social precipitó el derrocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez. (Hidalgo, 2005)

Mediante Decreto No. 2752, el presidente declara cesados de sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema y declara el Estado de Emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito. (El Universo, 2005) No se dio una explicación para esa segunda decisión, pero se atribuye a las manifestaciones ciudadanas de los días anteriores.

Lucio Gutiérrez deroga el estado de excepción en Quito. El presidente explica que emitió el decreto porque buscaba estabilidad para el país después de la negativa del Congreso sobre cesar la “Pichi Corte”. Gutiérrez asegura que aquellos jueces estaban por tomar decisiones que hubieran conmocionado al país. (El Mundo, 2005)

Los 89 diputados que llegaron a presentarse en el Congreso votan de forma unánime a favor de dejar sin efecto la resolución 25-181 del 8 de diciembre de 2004 (La Hora, 2005), debido a la presión popular de las protestas de esos días, donde se exigía además la salida del presidente. (El País, 2005) Tal anulación dejaba sin efecto la designación de los magistrados de la “Pichi” Corte desde su origen (aunque el presidente ya los había cesado previamente), y el cese de funciones del pleno anterior. Sin embargo, Coello y sus compañeros no fueron restituidos en sus cargos.

Lucio Gutiérrez deja el poder de manera abrupta tras perder el respaldo de las Fuerzas Armadas (La Hora, 2005). Ese mismo día una multitud de los Forajidos ingresa al Palacio de Carondelet obligando al presidente a huir en un helicóptero (El Diario Exterior, 2005) y a refugiarse en la Embajada de Brasil en Quito.

Mientras tanto, el Congreso destituye al Presidente al declarar el abandono del cargo. (El País, 2005) Más tarde, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) en Quito, el vicepresidente Alfredo Palacio es posesionado por el Congreso, activando la sucesión constitucional. En la noche, Palacio promete rendir cuentas, hacer reformas institucionales, y llevar a los que rompieron el orden constitucional ante la justicia. (La Hora, 2005)

Gutiérrez logra salir junto a su esposa e hija a Brasil después de tres días en la Embajada de dicho país en Quito. Días más tarde, Brasil concede el asilo político a Gutiérrez. (El Universo, 2005)

El Congreso aprueba una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial que establece un mecanismo ad hoc de designación para una nueva Corte. El mecanismo es un Comité de Calificación compuesto por abogados, independiente del Congreso, que abrirá y supervisará el concurso de méritos y oposición. (Basabe & Llanos, 2014) Esto se hace como una alternativa al mecanismo regular de cooptación para designación de jueces, dada la imposibilidad de aplicar este último por ausencia de una Corte Suprema capaz de aplicarlo en ese momento.

Guillermo Castro es detenido en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro por el delito flagrante de cohecho, pero liberado horas más tarde debido a un recurso de Hábeas Corpus interpuesto ante el alcalde de la localidad, Clemente Bravo Riofrío. (La Hora, 2005)

El exmagistrado habría intentado comprar una Tarjeta Andina por dos mil dólares a un oficial de Migración para poder salir del país (El Universo, 2005). La Tarjeta Andina es un documento migratorio que le permitiría ingresar y salir de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN-Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y del Mercado Común del Sur - MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile). Su uso no excluye la presentación del pasaporte, visa u otro documento de viaje previstos en las normas nacionales o comunitarias, así como en los convenios bilaterales vigentes. (Ministerio de Gobierno, 2018)

Lucio Gutiérrez rechaza el asilo en Brasil aduciendo motivos personales y al día siguiente sale rumbo a Estados Unidos. (El Universo, 2005)

La Corte Superior de Quito, expide una orden de captura contra Lucio Gutiérrez en el marco de un proceso por delitos contra la seguridad del Estado. (El Universo, 2005)

Se termina el plazo para presentar candidaturas para el concurso de méritos y oposición de la Corte. (El Universo, 2005) Varios de los exjueces de las Cortes de 1997 y la “Pichi” Corte se postularon al concurso para el nuevo período.

Gutiérrez llega a Lima, Perú, y se traslada a Tumbes, en la frontera con Ecuador. (El Universo, 2005) Dos días más tarde anuncia su retorno a Ecuador. (El Universo, 2005)

El expresidente Gutiérrez llega a Bogotá, declarando que volvería a recuperar el país, y pide asilo político a Colombia tras conocer la orden de captura en su contra por el delito de sedición. (El Universo, 2005)

Colombia otorga asilo político a Gutiérrez. (El Universo, 2005)

Gutiérrez anuncia por segunda vez su regreso al Ecuador y rechaza el nuevo asilo. (El Universo, 2005)

Finalmente Gutiérrez regresa a Ecuador y es detenido por atentado en contra de la seguridad del Estado. Pesan sobre él además acusaciones por violación de Derechos Humanos, una de ellas el caso de la “Pichi Corte”. El expresidente es trasladado a un pabellón de máxima seguridad en el ex-penal García Moreno. (El Universo, 2005)

Se posesiona una nueva Corte Suprema, la séptima desde el 79, tras un concurso de méritos y oposición a cargo de un comité ad hoc de juristas encargado de evaluar y designar a los candidatos. (Basabe, S. & Llanos, S., 2014)

Gutiérrez es trasladado a la Cárcel 4 de Quito. (La Hora, 2006)

La fiscal subrogante Cecilia Armas inicia una instrucción fiscal solicitando orden de prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y de salida del país contra Guillermo Castro Dáger por delito de prevaricato. Esta causa inicia por adjudicarse competencias que no le correspondían al liberar a Oswaldo Gallo, quien fue acusado de intento de asesinato en contra de Luis Muñoz, representante de la Federación de Funcionarios Judiciales (FENAJE). El juicio por presunto cohecho en cual se encontraba siendo procesado es archivado por falta de pruebas (La Hora, 2006).

Gutiérrez es liberado, sobreseído por el presidente de la Corte Superior de Justicia, Fernando Cáceres, al considerar que no estaba sustentada la acusación. (El País, 2006).

La Fiscal subrogante Cecilia Armas emite dictamen acusatorio contra Castro Dáger por el caso con Oswaldo Gallo. (La Hora, 2006)

El presidente de la CSJ, Jaime Velasco, atiende la instrucción fiscal emitida por Armas y ordena ejecutar las medidas en ella dispuestas. (La Hora, 2010)

Inicia el juicio por prevaricato contra Castro Dáger. (Sarango, H. 2008)

Rafael Correa, candidato a la presidencia por Alianza PAIS es elegido presidente en segunda vuelta. (El Universo, 2006)

El gobierno de Correa inicia el proceso político conocido como “Revolución Ciudadana”, el cual busca establecer una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución de la República. (La Hora, 2007)

La Asamblea Nacional Constituyente otorga, a petición del presidente Correa, la amnistía al expresidente Gustavo Noboa por las acusaciones de peculado y perjuicio al Estado. (Notimerica, 2007)

La Tercera Sala de lo Penal dicta auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado Castro Dáger sobre el juicio por prevaricato. (Sarango, H. 2008)

Con la instauración de la nueva Constitución y la Asamblea Nacional en reemplazo del Congreso, la séptima Corte Suprema de Justicia es reemplazada por la primera Corte Nacional de Justicia. Aquí, el número de magistrados se reduce de 31 a 21, y sus períodos se fijan en nueve años, con renovaciones parciales cada tres años. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Los integrantes de la primera Corte Nacional de Justicia transitoria, fueron elegidos por sorteo, de una lista de 26 nombres de jueces y juezas de la antigua Corte Suprema de Justicia. (El Universo, 2008)

Es ejecutoriado el sobreseimiento de Castro en el juicio por prevaricato en el caso con Oswaldo Gallo. (La Hora, 2010)

Por orden del Fiscal General del Estado subrogante, Alfredo Alvear, el presidente de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Luis Abarca, dispone archivar los juicios por prevaricato en contra de Guillermo Castro, declarándolos como prescritos. Pocas horas más tarde Abarca es destituido por esta acción. (El Universo, 2010)

Por recomendación de la Fiscalía General, la causa abierta por prevaricato contra Castro Dáger, por haber anulado en 2005 el juicio contra el exvicepresidente Alberto Dahik, es archivada por el juez Hernán Ulloa de la Primera Sala de lo Penal por prescripción de la causa. El caso prescribe considerando que pasaron los cinco años establecidos en la ley y que no se tuvo una sentencia en firme. Tampoco tuvo lugar la audiencia de formulación de cargos. (La Hora, 2010)

Ecuador es notificado por la CIDH con el informe de fondo 65/11, otorgando el plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones:

• Restituir a los exmagistrados (es decir, devolverle el cargo a Coello y los otros exmagistrados) o, de no ser posible, indemnizar a los mencionados por la violación de sus derechos.

• Pago de los salarios y rubros no recibidos durante la cesación de sus funciones.

• Implementar garantías de no repetición, es decir, que Ecuador reforme su marco legal para evitar ceses y designaciones de funcionarios que sean arbitrarias, ilegales, contrarias a los tratados ratificados en materia de DDHH, e inconstitucionales. (CIDH, 2011)

Ecuador envía un informe de avances a la CIDH. A partir del mismo, el organismo asegura que el país no presenta avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones, por lo cual la Comisión toma la decisión de pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas”. (CIDH, 2011)

Ecuador no responde a la CIDH cumplidos los 60 días de plazo estipulados en el informe emitido por el organismo internacional. (La República, 2011)

La CIDH remite a la Corte IDH el caso No. 12.600 “Hugo Quintana Coello y otros (Corte Suprema de Justicia)”, el cual trata de la remoción arbitraria de 27 jueces de ese organismo debido a la Resolución No 25-181 en 2004 tomada por el Congreso, sin haber tenido derecho a defenderse ni un marco legal claro que protegiese sus cargos de tales acciones por parte del Estado Ecuatoriano. (CIDH, 2011)

La Corte IDH emite sentencia para el Caso “Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador”, obligando al Estado a indemnizar a los exmagistrados cesados con USD 12.3 millones por la violación de sus derechos. La sentencia establece que los pagos se realizarían en tres etapas, cada una hasta el 30 de marzo de 2014, 2015 y 2016, respectivamente. (Corte IDH, 2013)

La Corte IDH emite la primera resolución de Supervisión al Cumplimiento de la Sentencia en el Caso 12.600 de la Corte Suprema de Justicia. La resolución dispone que el Estado pague a tres de los ex magistrados (Arturo Javier Donoso Castellón, Ignacio José Vicente Troya Jaramillo y Jaime Gonzalo Velasco Dávila) los montos de USD 334.608,38, USD 316.320,78 y USD 312.931,28 respectivamente por concepto de daños materiales. Estas sumas corresponden a los pagos que los magistrados no recibieron desde su remoción arbitraria hasta octubre de 2008. Tales pagos debieron realizarse máximo a los 3 meses de emitida la sentencia de 2013; el nuevo plazo se estableció en marzo de 2015. (Corte IDH, 2014)

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprueba la lista de exdiputados que deberán enfrentar el proceso por derecho de repetición, es decir, hacer que los causantes de violaciones de Derechos Humanos paguen al Estado los valores que este último desembolsó para indemnizar o reparar a los afectados. En el informe, se enlistan 52 diputados que aprobaron la resolución 25-181. La presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, y el Procurador General, Diego García, deberán interponer una demanda en contra de los legisladores para arrancar con el proceso, “según el artículo 69 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permite ejercer el principio constitucional de derecho de repetición”. (Cañar Televisión, 2015)

La Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General del Estado presentan las demandas de repetición contra los 52 exdiputados que aprobaron a la “Pichi” Corte en 2004, dando inicio al juicio que procede. (Procuraduría General del Estado, 2016)

La Corte IDH emite la segunda resolución de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia en el caso 12.600. Se establece que Ecuador:

• Ha hecho pública la Sentencia.

• Ha pagado a los 27 perjudicados por:

  • Imposibilidad de resumir sus puestos.

  • Daños inmateriales.

• Ha pagado a los representantes de los perjudicados por concepto de reintegro de costes y gastos.

Sin embargo, la Corte IDH determina que aún falta el tercer pago por daños materiales a las 27 víctimas. Este pago debió hacerse en marzo de 2016, así como los intereses moratorios por la tardanza. Así, se determina que hasta el 10 de marzo de 2017 Ecuador debe enviar un informe de cumplimiento, que los representantes de los afectados envíen sus observaciones a tal informe, y que la Secretaría de la Corte informe sobre la resolución a los representantes y a la CIDH. (CorteIDH, 2016)

La Corte IDH emite la tercera y última resolución de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia en el caso 12.600 de la Corte Suprema de Justicia. Se resuelve que: 

• Ecuador ha dado cumplimiento total al pago de indemnizaciones por daños materiales, con excepción del pago de intereses moratorios por daño material a las víctimas. 

• Se dé por concluido el caso.

• Se notifique la resolución a la Asamblea de la OEA mediante el Informe Anual de la Corte IDH de 2019.

• Se notifique la resolución al Ecuador, a los representantes de las víctimas y a CIDH.

• Se archive el caso. (CorteIDH, 2019)

Se reanuda tras tres años el juicio por derecho de repetición en contra del expresidente Lucio Gutiérrez y los 52 exdiputados; esto se debe a que era necesaria la citación a todos los acusados para proceder con el trámite; en este caso el acusado faltante era el expresidente. (Pichincha Comunicaciones, 2020)