El Consejo de la Judicatura convocó a una rueda de prensa para informar que se identificaron dos casos en los que existieron presuntas irregularidades en el sorteo de causas. Según las declaraciones de los vocales de la Judicatura, la manipulación del sistema se produjo al receptar acciones judiciales presentadas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Así, una de ellas ingresó como un caso de violencia en lugar de una acción de protección, con lo que el universo de jueces que podían conocer la causa se redujo de 215 a cerca de 4 jueces. La segunda acción tuvo una asignación directa a través del ingreso de la causa como un juicio verbal sumario, es decir, no existió ningún sorteo. (GKillcity, 2021) Los jueces que conocieron las causas fueron María Belén Domínguez y Carlos Soto, respectivamente.

Como consecuencia de estos hechos, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, manifestó que presentaría una denuncia en la Fiscalía a fin de que se investiguen los hechos. (Primicias, 2021) Adicionalmente, la presidenta del órgano dispuso que se inicien las investigaciones en el ámbito disciplinario y se suspenda del ejercicio de sus funciones, incluida su remuneración, a 6 servidores judiciales que estarían supuestamente involucrados en las irregularidades del sorteo: 

• Daniela Elizabeth Andrade Espinoza, Ayudante Judicial de la Unidad Judicial especializada Quinta de Violencia contra la mujer – Complejo Sur;

• Edith Fernanda Hidalgo Tenemasa, Secretaria de la Unidad Judicial de violencia contra la mujer o miembros del Núcleo Familiar – Quitumbe;

• María Belén Domínguez Salazar, Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la mujer o miembros del Núcleo Familiar de Quitumbe;

• Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, Oficinista Auxiliar Provincial;

• Paúl Efraín Pérez Salazar, Ayudante Judicial de la Unidad Judicial Civil Iñaquito (que actuó como secretario); y,

• Carlos Enrique Soto Jiménez, Juez de la Unidad Civil Complejo Judicial Norte Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

En el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades en el sorteo de causas dentro del caso Yunda, la Fiscalía allanó las oficinas del juez Carlos Soto, quien conoció y resolvió uno de los recursos judiciales presentados por el ex alcalde de Quito. (El Comercio, 2021)

La presidenta del Consejo de la Judicatura ordenó una auditoría interna a los procesos de sorteo de causas. Para esto, se ofició a cada dirección provincial para que realice un análisis por muestreo de los procesos de asignación de causas. (El Comercio, 2021) Señaló que el sistema informático de los sorteos no fue vulnerado, sino que, las irregularidades son producto de manipulaciones en el ingreso de datos en el sistema. (Consejo de la Judicatura, 2021)

• Gabriela Beltrán, oficinista auxiliar, quien fue acusada y suspendida por el Consejo de la Judicatura por supuestamente haber ingresado el pedido de medidas cautelares de Yunda, denunció que el sorteo de la causa se realizó utilizando ilegalmente su usuario y clave de acceso, sin su autorización ni conocimiento. Adicionalmente, su abogado señaló que el ingreso se produjo en el Complejo Judicial Norte de Quito, ubicado en el sector de Iñaquito; sin embargo, Beltrán se encontraba desarrollando sus actividades en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Mariscal, ubicada en la avenida Veintimilla, al centro norte de la capital. 

Como respaldo de sus afirmaciones, Beltrán señaló que cuenta con los elementos probatorios como videos, certificados laborales, reportes del marcador biométrico, cuaderno de registro de causas, que confirmarían que ella no realizó el ingreso de la causa. A lo manifestado se sumó que la firma dentro del acta de sorteo no pertenece a la rúbrica de la funcionaria acusada. (El Universo, 2021)

El pleno del Consejo de la Judicatura dispuso al director provincial de Pichincha que inicie los sumarios administrativos en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de causas. Entre los funcionarios se encontraban los jueces Carlos Soto y María Belén Domínguez, la auxiliar de ventanilla de la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Mariscal, Gabriela Beltrán; y, la ayudante judicial y secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, Daniela Andrade. (El Universo, 2021)

Gabriela Beltrán acudió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria. En sus declaraciones a la prensa manifestó que existió una apropiación ilegal de su usuario institucional y contraseña para cometer la irregularidad del acto, y que el ingreso se realizó en una Unidad Judicial diferente a su sitio de trabajo. A pesar de haber presentado elementos que corroborarían su versión, el órgano administrativo decidió iniciar el sumario administrativo. 

Ante esto, la acusada manifestó que para poder desempeñar las actividades en diferentes unidades judiciales deben ser habilitados o deshabilitados en el sistema, y los únicos que pueden autorizar dichos ingresos o deshabilitaciones son las personas de Gestión Procesal y Talento Humano. Por lo expuesto, sostiene que estas irregularidades en el sorteo se dan exclusivamente con ayuda de funcionarios superiores. (El Universo, 2021)

Gabriela Beltrán manifestó que, en el marco de los procesos iniciados en su contra, realizó una investigación particular en donde logró detectar que su usuario y contraseña fueron utilizados desde marzo de 2021, en tres dependencias judiciales distintas, diferentes a su lugar de trabajo. (FM Mundo, 2021)

Como consecuencia de las decisiones judiciales dentro de las acciones presentadas por Yunda, se presentó una acción extraordinaria de protección. Así, el 29 de septiembre de 2021, mediante sentencia No. 2137-21-EP/21, la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso y dispuso que el Consejo de la Judicatura adopte medidas estructurales que permitan corregir y evitar las irregularidades y malas prácticas dentro de los sorteos de garantías jurisdiccionales. Para el cumplimiento de esta obligación, la Corte le otorgó a la Judicatura el término de 180 días desde la notificación de la sentencia, para implementar las medidas correspondientes. (Corte Constitucional, 2021)

El pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza María Belén Domínguez y a la ayudante judicial Daniela Andrade. (Consejo de la Judicatura, 2021)

La Judicatura destituye al juez Carlos Soto y a la ayudante Gabriela Beltrán. (Consejo de la Judicatura, 2021)

Una nota del diario Expreso detalló que el caso Yunda reveló una estructura de sorteos irregulares, los cuales tenían como objetivo direccionar los casos a jueces específicos. Para esto, existían las siguientes modalidades:

1. Ingresar los datos de forma incorrecta y sin sorteo. De esta manera, las causas eran ingresadas como tipo “verbal sumario” y como asunto “pago de honorarios”, con lo cual no se realiza el sorteo.

2. Ingresar las causas el fin de semana, como si fuese delito flagrante. Esto permitía que el único juez que conozca la causa sea el de turno

3. Ingresar las causas como incidentes de un juicio ya iniciado. Así, los jueces conocen y resuelven el caso de manera directa y sin sorteo.

4. Ingresar las causas como violencia de género, a fin de reducir el universo de jueces que puede conocer las causas. En el caso de la ciudad de Quito, esto permitía pasar de 215 posibles jueces competentes a tan solo 4.

5. Ingresar las causas de manera ilegal, es decir, violando los sistemas de protección de las redes de la Judicatura.

Asimismo, se detectaron como principales anomalías: (i) Ingreso incorrecto de datos para que días después otro funcionario ingrese al sistema y corrija la información; (ii) Actas de sorteo sin firma de responsabilidad; (iii) Firmas falsificadas; (iv); Las sentencias de los jueces son similares, es decir, se usa el mismo formato y argumento; (v) Los fallos son favorables para los que ponen la demanda, generalmente contra el Estado; (vi) Los documentos se digitalizan en archivo; (vii) Se usaban contraseñas de funcionarios para abrir causas en otras dependencias, lejos de su lugar de trabajo. (Expreso, 2021)

Se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de María Belén Domínguez, en donde se procesó a la exjueza por el delito de tráfico de influencias. Adicionalmente, se dispuso como medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva la presentación periódica semanal ante la fiscalía provincial de Pichincha, la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico, la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas de la procesada. De las personas investigadas es la única servidora que fue procesada. El proceso penal está registrado con el número 17100-2021-00020. (SATJE, 2022)

Culminó la auditoría iniciada el 14 de julio de 2021 por disposición de María del Carmen Maldonado. En el informe final se concluyó que, de un total de 5238 causas comprendidas entre el 29 de julio y 10 de septiembre de 2021, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja reportó una acción irregular en el proceso de sorteos; asimismo, se registró la existencia de dos expedientes investigativos iniciados de oficio por la Dirección Provincial en el Ámbito Disciplinario de Guayas. Adicionalmente, se manifestó que la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión inició 11 procesos de investigación, de los cuales 10 correspondían a irregularidades dentro de los sorteos de las causas. (Consejo de la Judicatura, 2021) Del mismo modo, en el informe se ratificó que es responsabilidad de los servidores judiciales el ingreso correcto de los datos generales de los procesos, con base en la petición inicial.

Las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura presentaron su informe de rendición de cuentas del año 2021. En el caso del informe de Pichincha se detalla que el pleno del Consejo de la Judicatura sancionó a 10 servidores judiciales por incurrir en la infracción establecida en el numeral 13 del artículo 109, que refiere a la ejecución de forma irregular de los sorteos de causas. El detalle de los diez funcionarios destituidos es el siguiente: 

• Técnico de ventanilla: 3

• Juez: 2

• Ayudante judicial: 2

• Secretario Judicial: 1

• Oficinista auxiliar: 1

• Responsable de sorteos: 1

María del Carmen Maldonado renunció al Consejo de la Judicatura después de que la Corte Constitucional, mediante sentencia, le retirara la facultad unilateral de dictar medidas de suspensión a funcionarios judiciales que enfrentan procesos disciplinarios por cometer faltas graves o gravísimas. (El Comercio, 2021)

El director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera Navas, presentó una acusación particular en el proceso penal seguido contra la exjueza María Belén Domínguez, en el proceso no. 17100-2021-00020. (SATJE, 2022)

Según una nota publicada en el portal Primicias, desde 2019 se registraron al menos 219 causas direccionadas a jueces específicos. A pesar de que en febrero de 2020 el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia a Fiscalía por irregularidades en los sorteos, el Consejo de la Judicatura no creó protocolos para frenar ilícitos, según lo manifestó un funcionario que participó en el diagnóstico del sistema del sorteo de causas. (Primicias, 2021)

Fausto Murillo afirmó que las irregularidades en el sorteo de las causas no fueron producto de una vulneración al sistema del Consejo de la Judicatura, sino de manipulaciones ilegales realizadas por servidores judiciales a fin de direccionar los procesos a jueces específicos. (FM Mundo, 2022)

El Consejo de la Judicatura implementó mejoras y seguridades en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano. Así, emitió directrices sobre el procedimiento para el sorteo e ingreso de causas, principalmente de acciones constitucionales presentadas fuera de la jornada laboral y de los procesos de flagrancia, mecanismos que fueron utilizados para evadir o direccionar las causas. (Consejo de la Judicatura, 2022)

Mediante providencia del 05 de mayo de 2022, la jueza competente en el proceso penal seguido contra la exjueza María Belén Domínguez convocó a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el 05 de julio de 2022. Cabe señalar que inicialmente la audiencia fue convocada para el 18 de marzo de 2022, sin embargo, esta se ha diferido producto de “actividades inherentes a la Presidencia” de la Corte Provincial y solicitudes presentadas por las partes procesales. (SATJE,2022)

El Consejo de la Judicatura dispuso que las acciones constitucionales presentadas fuera del horario laboral sean realizadas de forma automática, a fin de asegurar el despacho adecuado de las causas.