Pablo Santillán Paredes, asesor del asambleísta por Pichincha, Fabricio Villamar Jácome (CREO), anuncia que han recopilado varios casos de asesores y asistentes legislativos que denuncian el cobro de cuotas de sus sueldos por parte de asambleístas, como condición para mantenerlos en sus puestos. Afirma que en esos días se presentará un proyecto de resolución para solicitar auditorías sobre los casos a la Contraloría (Ecuavisa, 2018). Santillán explica que suman una docena de casos, con su respectiva documentación de prueba, y que algunos han sido maquillados como “aportes al partido”, enfatizando que toda la documentación debe ser validada por Contraloría (El Universo, 2018).

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) por unanimidad resuelve:

1. Pedir a la Unidad de Técnica Legislativa que presente un informe sobre los pronunciamientos realizados en distintos medios de comunicación, en cuanto a que habrían servidores legislativos que estarían entregando parte de su remuneración.

2. Demandar que toda información referente a estas denuncias esté enmarcada en las disposiciones constitucionales y legales. 

3. Precautelar los derechos laborales de los servidores que realicen las denuncias pertinentes, debidamente sustentadas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018)

 El pleno de la Asamblea Nacional, aprueba la resolución CAL-2017-2019-468, en la sesión 535, en la cual se resuelve:

1. Rechazar la información infundada que menoscaba el buen nombre y prestigio de la Asamblea Nacional y sus miembros. 

2. Exhortar a los asambleístas que conozcan sobre posibles casos de corrupción, relacionados a la información que circulan en los medios de comunicación, a denunciar de manera inmediata siguiendo los procesos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

3. Brindar las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados sobre supuestos pagos de servidores legislativos. 

4. Solicitar a la ciudadanía que tenga conocimiento de los supuestos actos de corrupción denunciar ante la Fiscalía General del Estado.

5. Garantizar los derechos laborales de servidores públicos que presenten denuncias. (Asamblea Nacional, 2018)

La resolución fue aprobada con 114 votos a favor y 3 abstenciones de los asambleístas Mae Montaño (IND) y Henry Moreno (CREO) y de la asambleísta alterna de Fabricio Villamar,  Ana Abril (CREO) (Asamblea Nacional, 2018).

Durante esta sesión, la asambleísta por Loja, Jeannine Cruz (CREO), anuncia que presentará a la Presidencia de la Asamblea documentación sobre el caso de un legislador que pide una cuota de su salario a una asesora para renovar su contrato. Cruz no revela el nombre del legislador durante la sesión. (Asamblea Nacional, 2018).

Ese mismo día, la ciudadana Martha Campoverde Díaz entrega una denuncia en el despacho de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en contra del asambleísta por Morona Santiago, Tito Puanchir Payashña (PK), por supuestamente haber solicitado USD 10.500 para asegurarle el puesto de asesora. Campoverde señala que le habría entregado USD 9.000, pero que el trato no se hizo efectivo. Según la denunciante, Puanchir no le devolvió los USD 9.000 entregados, por lo cual exige la devolución y que se aplique la sanción correspondiente al asambleísta. (Metro, 2018). 

 La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, solicita a la Fiscal General del Estado subrogante, Ruth Palacios Brito, investigar los supuestos los supuestos cobros ilegales denunciados al interior del órgano legislativo, entregando además la denuncia de Martha Campoverde (El Telégrafo, 2018). 

Elizabeth Guachilema Moreta, ex asesora del asambleísta por Loja, Raúl Auquilla Ortega (PSC, antes CREO), y asesora de la asambleísta por la misma provincia, Jeannine Cruz Vaca (CREO), denuncia que durante 18 meses, entre mayo de 2013 y noviembre de 2014, fue obligada a pagar mensualmente USD 1.000 de su salario a Auquilla. Este dinero supuestamente habría estado destinado a otro asesor que, según Auquilla, tenía una discapacidad, y cuyo sueldo no alcanzaba para cubrir sus gastos. Según Guachilema, este supuesto asesor nunca fue a trabajar. Asimismo, la ex asesora habría cubierto gastos personales del asambleísta, como medicinas y regalos, además de haberle prestado USD 6.000 para cubrir gastos de campaña. Todo esto suma USD 35.000, que Auquilla finalmente pagó en 2015, luego de que la ex asesora recurriera a un abogado. El legislador, por su parte, aseguró que todos los montos fueron préstamos solicitados a Guachilema, y que, tras haber llegado a un convenio de pago, los canceló (La Hora, 2018)

Se revela que Viviana de la Cadena, ex asesora del ex asambleísta por Carchi entre 2009 y 2013, Leandro Cadena Villareal (IND, antes AP), está siendo investigada penalmente por supuesto enriquecimiento ilícito, al haberse depositado en sus cuentas USD 137.435,80 que no supo justificar. Según Viviana, durante los primeros meses de contrato como asesora legislativa, en los cuales ella no asistió a la Asamblea Nacional, le habría entregado su sueldo entero al Asambleísta. Más tarde la dinámica cambió; Viviana asegura que se quedaba con USD 800 de su salario y depositaba el resto Leandro Cadena. Además, según la ex asesora, el asambleísta le pidió que le prestará su cuenta bancaria para que le realizarán algunos depósitos en por supuestos negocios de agricultura. Más tarde, las investigaciones señalarian que los depósitos a la cuenta de Viviana provenían del supuesto equipo de trabajo del asambleísta. En sus versiones ante la Fiscalía, los ex asesores de Leandro Cadena,  Bolívar Yandún y Ana Belén Rosero, corroboraron que se les descontaba la mayor parte de su sueldo. A pesar de los llamados de la Fiscalía a Leandro Cadena, para declarar en el caso, este no se ha presentado a la fecha. Los medios de comunicación tampoco lograron ubicarlo (Teleamazonas, 2018).

Por otro lado, un ex asesor del asambleísta por América Latina, El Caribe y África, Fernando Flores Vásquez (CREO), denuncia ante la Asamblea Nacional supuestos cobros indebidos por parte del legislador. Según el ex asesor, cuyo nombre no es revelado, se entregó documentación que demostraría cómo el legislador le cobró USD 500 mensuales de un sueldo de USD 1.300 durante el año y ocho meses que trabajó para el asambleísta. El ex asesor asegura que se decidió a denunciar cuando descubrió que el asambleísta tendría varios procesos penales en su contra, incluido uno por estafa. El caso dataría de 2011, y en su momento, el ex asesor habría denunciado el hecho ante Fiscalía -acompañada de una denuncia por amenazas-, Contraloría y al ex presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, sin recibir respuesta  (Ecuavisa, 2018).

El Fiscal General Paúl Pérez Reina, anuncia que la Fiscalía General del Estado dio inicio a la investigación sobre los cobros indebidos bajo las figuras de cohecho y concusión. (El Comercio, 2018). Pérez Reina anticipó que se requerirá de la autorización de la Asamblea para iniciar los procesos penales y que la investigación se inició con la documentación entregada por Elizabeth Cabezas. 

El asambleísta Fabricio Villamar ha recopilado denuncias que involucrarían a los siguientes asambleístas: 

• Vanessa Fajardo Mosquera (AP), ex asambleísta por Santa Elena (2013-2017);

• Ángel Vilema Freire (AP), ex asambleísta por Galápagos (2013-2017);

• Leandro Cadena (IND, antes AP), ex asambleísta por Carchi (2009-2013);

• Norma Vallejo Jaramillo (AP), asambleísta por Pichincha; 

• Karina Arteaga Muñoz (AP), asambleísta por Manabí; 

• Johanna Cedeño Zambrano (AP), asambleísta por Santo Domingo; 

• María José Carrión Cevallos (AP), asambleísta por Pichincha; 

• Brenda Flor Gil (AP), asambleísta por Galápagos; 

• Raúl Auquilla (PSC), asambleísta por Loja; 

• Fernando Flores (CREO), asambleísta por América Latina, El Caribe y África; y

• Tito Puanchir (PK), asambleísta por Morona Santiago. (El Universo, 2018). 

Por otro lado, Luis Salgado Quimbita y Gonzalo Garzón Jácome, ex colaboradores del ex asambleísta por Galápagos Ángel Vilema (AP), se presentaron ante la Fiscalía para declarar en su contra. Su denuncia habría sido presentada en 2016, y permanecía en la fase de indagación previa. Salgado, quien fuera chofer de Vilema, afirmó que tuvo que entregarle al asambleísta USD 400 mensuales de su sueldo (USD 1.396) durante 6 años. Garzón, por su parte, habría llegado a pagar entre USD 800 y USD 1.000 por mantener su puesto de asesor jurídico, cuyo salario era de USD 3.140. (NTN24, 2018). Salgado, además, asegura haber entregado una carta en el despacho del ex presidente Rafael Correa, el 6 de enero de 2016, en la que relataba los cobros indebidos (La Hora, 2018).

Andrea Utreras Pazmiño, ex asesora de la asambleísta Karina Arteaga (AP), presenta una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por supuestos cobros indebidos (Metro, 2018). La ex asesora asegura que en los despachos de Alianza País se debían recoger USD 400 mensuales de parte de los colaboradores para financiar el partido. Frente a esto, Ximena Peña Pacheco, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, y coordinadora de Alianza País, manifestó que la directiva del movimiento se reunirá para analizar dichas conductas (El Comercio, 2018). Utreras asegura que trabajó con Arteaga de enero a marzo de 2018, para manejar la comunicación de la asambleísta, con un salario de USD 1.300, de los cuales debía aportar entre USD 100 y USD 80 mensuales para  cubrir la cuota del despacho a Alianza País. Utreras también aseguró haber escuchado que el esposo de la asambleísta nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano, estaría involucrado en este tipo de cobros; no obstante, luego aclaró que no tenía indicios de esto último (Plan V, 2018).

A la de Utreras, se suma la denuncia en contra de Sebastián Palacios Muñoz (SUMA), asambleísta por Pichincha, por parte de Washington Añasco, por presunto tráfico de influencias. Según Gonzalo Realpe, abogado defensor de Añasco, el asambleísta habría solicitado USD 17.000 durante el período de campaña, a cambio de un cargo público. Al ganar la elección, sin embargo, Palacios habría desconocido el trato. El abogado además señaló que altos funcionarios del Municipio de Quito estarían involucrados, pues Palacios habría ofrecido tramitar contratos para que las mecánicas de Añasco se encarguen de reparar y dar mantenimiento a los vehículos municipales. Palacios, por su parte, reconoció haber conocido a Añasco durante la campaña electoral, pero negó haber recibido dinero de su parte. Además, aseguró que habría sido Añasco quien lo llamó en repetidas ocasiones para solicitarle favores, mismos que se negó a conceder (TVC, 2018).

El asambleísta Tito Puanchir declaró en una rueda de prensa, que Martha Campoverde, quien lo denunciara por solicitarle dinero para acceder al cargo de asesora, sería una amiga suya a quien le solicitó USD 6.000 en calidad de préstamo, de los cuales él ya le habría devuelto USD 4.000. Asimismo, enfatizó que Campoverde nunca formó parte de su equipo asesor ni fue contratada por la Asamblea Nacional (Pública FM, 2018).

 El pleno de la Asamblea Nacional, durante la sesión 536, aprueba por unanimidad (119 votos afirmativos), la resolución presentada por Fabricio Villamar, que contempla:

1. Rechazar cualquier vulneración a los derechos laborales de los servidores públicos legislativos.

2. Solicitar a Contraloría que disponga las auditorías bancarias a legisladores y funcionarios legislativos que laboren en la Asamblea desde mayo de 2013, con el fin de identificar movimientos inusuales, en un plazo de 90 días. 

3. Solicitar a la Superintendencia de Bancos brindar las facilidades necesarias a la Contraloría e informar a la Asamblea Nacional al respecto.

4. Solicitar a la UAFE realizar el análisis financiero de las cuentas bancarias de los funcionarios legislativos para identificar si existen retiros por montos reiterativos de forma mensual y a que cuentas, en un plazo de 90 días. En caso de encontrar indicios penales, remitir de oficio a la Fiscalía e informar a la Asamblea Nacional. 

5. Disponer a la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional informar a la Secretaría General, el listado de las liquidaciones pendientes de pago del los ex-servidores ocasionales detallando el legislador con el cual trabajaron. Asimismo se dispone informar si existen cambios de personal luego de la aprobación de la presente resolución.

6. Garantizar las protecciones de los funcionarios legislativos que la Ley establece

En su exposición sobre la resolución, Villamar afirma que tiene algunos casos recolectados por su despacho, sin revelar nombres, y comunica que entregará los documentos a la Fiscalía y al CPCCS (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).

La resolución no contempla disposiciones sobre la depuración interna de la Asamblea, dependiendo esta de los informes que presenten Contraloría y la UAFE (El Universo, 2018). 

La Posta revela un audio en el que se escucha a Segundo Ángel Sotalín Pillajo, asesor del asambleísta por Santo Domingo del Movimiento Alianza Tsáchila, Ángel Gende Calazacón, solicitando al equipo del legislador una cuota para la organización de una marcha en Santo Domingo. Al respecto, el asambleísta asegura que le sorprende la situación ya que él no ha dispuesto nada de esto. Gende también afirma que investigará la situación dentro de su equipo (La Posta, 2020).

Se firma el Convenio de Cooperación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción entre la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con vigencia de un año, para coordinar acciones y establecer prioridades que permitan ejecutar las resoluciones aprobadas por el pleno los días 6 y 18 de septiembre. El convenio establece que se desarrollará un plan para ejecutar acciones inmediatas, preventivas y correctivas, para esclarecer los hechos y luchar contra la corrupción. Asimismo, establece que se construirán mecanismos para facilitar la cooperación mutua, se priorizará la entrega de información y se propondrán reformas legales y reglamentarias que agilicen la resolución de los casos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). 

Por su parte, el Fiscal General Paúl Pérez informó que existen cuatro denuncias presentadas y que este documento facilitará el acceso a la información para realizar las diligencias (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). 

Por otro lado, José Revelo Panchana, ex asesor del asambleísta por Galápagos, Washington Paredes Torres (IND), presenta una denuncia en la Fiscalía por el presunto delito de concusión. El ex asesor acusa a Paredes de cobrarle el 10% de su sueldo, obligándole a depositar USD 128 al mes en una cuenta del Banco Pichincha, e incluso hacerle pagar la luz y el agua de su departamento. Según Revelo, el legislador también habría descontado el 10% de su sueldo sus otros dos asesores: Anita Guamán Quishpe y Fabián Chiriboga. Por su parte, Washington Paredes negó las acusaciones, e incluso aseguró que José Revelo vivía en su departamento para ahorrar dinero (Diario Expreso, 2018).

La Fiscalía da inicio a la fase preprocesal de indagación de la denuncia presentada por Andrea Utreras en contra de Karina Arteaga, por presunto delito de concusión (caso 160-2018-DDR), y de la denuncia de Washington Añasco en contra de Sebastián Palacios por supuesto tráfico de influencias (caso 155-2018-DRR) (La Hora, 2019). 

La Posta revela un audio de la asambleísta oficialista, Norma Vallejo, donde aparentemente explica a uno de sus colaboradores, a quien llama “Carlitos”, que deben realizar contribuciones económicas a Alianza Pais, al ser los suyos “puestos políticos”. Según la conversación, el aporte debe ser el 10% del salario y debe realizarse en efectivo, ya que el realizar depósitos puede ocasionar que la Contraloría realice observaciones. Vallejo asegura que en ningún despacho se realizan los pagos a las cuentas bancarias de los asambleístas (La Posta, 2018). 

Ese mismo día, la asambleísta remitió una carta a Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, solicitando que se le permita comparecer ante la Comisión de Ética y Disciplina del movimiento para dar explicaciones sobre el audio filtrado que, según ella, estaría mutilado (Vivanco, 2018). 

Por su parte, el Movimiento Alianza País emitió un comunicado donde aclara que todas las contribuciones económicas de militantes, adherentes y simpatizantes, se realizan de manera voluntaria, y que dichos aportes son recibidos y gestionados rigiéndose por el Código de la Democracia y la normativa interna del movimiento. Además, el comunicado señala que la Directiva Nacional de Alianza País expidió una resolución para respaldar la legitimidad de los aportes y ratificar los compromisos que tiene la militancia con la sostenibilidad del partido (Movimiento Alianza PAÍS, 2018).

Fabricio Villamar entrega en la Fiscalía un documento con las 10 denuncias recibidas en su despacho por supuestos cobros indebidos por parte de asambleístas. El legislador señaló además, que el Fiscal General, Paúl Pérez, se comprometió a ofrecer protección a denunciantes y testigos, así como a ocultar sus nombres (La Hora, 2018).

La Fiscalía cita a Andrea Utreras a rendir su versión libre y voluntaria sobre su denuncia a Karina Arteaga. Por su parte, Fabricio Villamar puso en conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Contraloría, Superintendencia de Bancos y la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción las denuncias recibidas en su despacho (El Comercio, 2018). 

Felipe Rodríguez, abogado de cuatro ex asesores de Norma Vallejo, presenta ante la Fiscalía una denuncia en contra de la asambleísta por supuestos cobros indebidos. El abogado señala que, además de los cobros mensuales, los asesores se veían obligados a cancelar gastos personales de la legisladora. Uno de los denunciantes supuestamente habría entregado USD 150 de su sueldo de USD 1.000. Luego, al subir su sueldo a USD 2.000, debía entregar USD 500, y al subir a USD 2.500, debía entregar USD 1.000. Los ex asesores habrían recibido amenazas de perder su empleo si no entregaban estas sumas. Al parecer habrían otras 7 personas analizando unirse a la demanda (El Universo, 2018). 

La Fiscalía inicia la fase pre-procesal, bajo el caso número 165-2018-DRR, contra Washington Paredes por el presunto delito de concusión (La Hora, 2019).

 La Comisión de Administración Legislativa (CAL), admite a trámite, por unanimidad, la denuncia presentada por Fabricio Villamar, para que se inicie un proceso de investigación por el supuesto cobro de “diezmos” por parte de la legisladora Norma Vallejo a sus colaboradores. Villamar adjuntó a la denuncia copias de audios, chats y transferencias (Ecuavisa, 2018). 

Con 82 votos a favor, y el voto en contra de Thalía Rosero, asambleísta alterna de Fernando Burbano (CREO), el pleno de la Asamblea decidió conformar una Comisión Multipartidista que investigue la denuncia en contra de Norma Vallejo. La comisión quedó integrada por Ana Galarza (CREO), Noralma Zambrano (AP) y Eliseo Azuero (BIN), siendo este último designado como presidente. Se otorgó a la Comisión un plazo de 10 días para presentar un informe al pleno de la Asamblea. Por su parte, la asambleísta Vallejo aseguró que ejercerá su derecho de defensa ante los órganos judiciales y que probará que es víctima de una infamia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). 

El Comité de Ética de Alianza País, presidido por la gobernadora de Santo Domingo Mary Verduga, abre un expediente disciplinario en contra de Norma Vallejo, convocándola para que explique sus acciones el 23 de octubre (El Comercio, 2018). 

Fabricio Villamar presenta ante la Comisión Multipartidista audios y comprobantes de pago como pruebas de los supuestos cobros indebidos por parte de la asambleísta Norma Vallejo, y solicita que se recomiende su destitución por incompatibilidad de funciones ya que, como asambleísta, sus funciones son legislar y fiscalizar, no recaudar fondos para su partido. De igual modo, señaló que la legisladora vulneró derechos laborales al exigir contribuciones a sus colaboradores (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).  

Norma Vallejo, cuya comparecencia ante la Comisión Multipartidista estaba prevista para el 23 de octubre, anuncia mediante un oficio que no acudirá a la comisión, para evitar que sus declaraciones sean sacadas de contexto y afecten su defensa en la investigación previa que se le sigue en la Fiscalía (Ecuavisa, 2018). 

La Fiscalía da inicio a la investigación por el presunto delito de concusión contra la asambleísta por Manabí, Teresa Benavides Zambrano de Alianza País y Unidad Primero (caso 153-2018-WTF-lyr), y la ex legisladora por Santa Elena, Vanessa Fajardo, también de Alianza País (caso 163-2018-WTT-lyr). (La Hora, 2019).

La Comisión Multipartidista aprueba el informe que recomienda la destitución de Norma Vallejo. Entre sus conclusiones se destacan:

• En lo referente al supuesto cobro de diezmos a sus asesores, la Comisión determina que carece de jurisdicción y competencia para pronunciarse acerca del cometimiento de los presuntos delitos tipificados en los artículos 281, 279, 270, 298, 278, del Código Orgánico Integral Penal, mencionados en la denuncia del asambleísta Fabricio Villamar y que tal actuación deberá estar a cargo de los jueces competentes.

• A lo largo del proceso de investigación, la Comisión concluye que Vallejo gestionó un cargo público en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en favor de Martín Campos, incurriendo en la prohibición establecida en el art. 127 numeral 3 de la Constitución, en concordancia con el artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir: “3. Gestionar nombramientos de cargos públicos.” (El Comercio, 2018)

Por otro lado, la Fiscalía da inicio a la investigación previa número 168-2018 sobre la asambleísta oficialista por Los Ríos, Marcia Arregui Rueda, por presunta concusión (La Hora, 2019). 

Norma Vallejo declara en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, que supuestamente se buscaría su destitución para cubrir a otros legisladores, y que en su debido momento presentará las pruebas pertinentes, y cuestionó que ahora se exija su destitución por gestionar cargos públicos y no por el presunto cobro de diezmos. Vallejo se queja además, de que la Comisión Multipartidista estaba parcializada, en especial la asambleísta Ana Galarza, ya que la juzgó desde un inicio sin pruebas haciendo declaraciones en medios de comunicación. Asimismo, Vallejo recalca que el informe de la Comisión no está recomendando su destitución por supuestos cobros a colaboradores, sino por supuestamente gestionar cargos públicos (El Universo, 2018). 

La Fiscalía da inicio a la indagación previa número 161-2018, sobre la asambleísta María José Carrión Cevallos (AP), por el presunto delito de concusión (La Hora, 2019).

Con 87 votos afirmativos, 13 negativos y 28 abstenciones, se aprueba la moción presentada por Fernando Flores (CREO), que establece que se requiere del voto afirmativo de dos terceras partes del pleno (91 legisladores) para aprobar la destitución de un asambleísta (El Comercio, 2018).  

Fabricio Villamar y Esteban Bernal, asambleístas por CREO, anuncian que solicitarán la nulidad de la resolución sobre el número de votos necesarios para destituir a un asambleísta, presentada por Fernando Flores, y aprobada por el pleno de la Asamblea, por no cumplir con los requisitos legales de sustentación. Asimismo, Villamar anuncia que se debe impulsar la separación de Flores de CREO, ya que su propuesta va en contra de la lucha contra la corrupción. También Guillermo Lasso solicitó a los legisladores de su partido que se analice la separación de Flores.

Por su parte, Flores argumenta que su moción se basó en principios democráticos y el rescate de la legalidad, y que en ningún momento buscó menoscabar la denuncia y la investigación de la Comisión Multipartidista (El Telégrafo, 2018). 

Durante la sesión 551, Fernando Flores solicita que se reconsidere su moción presentada el 8 de noviembre, quedando esta sin efecto por el voto afirmativo de 78 legisladores de los 130 presentes. César Solórzano (PSP), asambleísta por Napo, presentó una nueva resolución, que establece que la destitución de un legislador se efectúe con mayoría simple (70 votos afirmativos), siendo aprobada con 89 votos a favor (El Telégrafo, 2018). 

Con 89 votos afirmativos, 1 negativo y 10 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional acepta la recomendación de la Comisión Multipartidista y aprueba la destitución de Norma Vallejo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). 

En su defensa Vallejo señaló que no se ha garantizado su derecho a la defensa, ya que no se evaluaron las pruebas propuestas por ella, y que las conclusiones no están basadas en pruebas reales. Antes de ser destituida, sin embargo, Vallejo acusó a la asambleísta por Tungurahua, Ana Galarza Añazco (CREO), miembro de la Comisión Multipartidista, de tener una asesora que no ha asistido a cumplir sus funciones, mostrando documentos donde la asambleísta supuestamente avalaría el registro de ingreso de sus dos asesores, firmados por una sola persona, e insinuó que la remuneración de su asesora iría a las cuentas de la asambleísta. Señaló además, que debe investigarse si el esposo de la legisladora habría estado utilizando la tarjeta magnética de dicha asesora (El Universo, 2018). 

Este mismo día, Sofía Espín fue destituida, por infringir  el numeral 1 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, realizar actividades incompatibles con su cargo. Esto, debido a que visitó a una testigo protegida en el caso del secuestro a Fernando Balda, el día previo a la audiencia preparatoria de juicio, y acompañada de la abogada de la contraparte de otro sujeto procesal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).

Paúl Pérez Reina presenta su renuncia como Fiscal General del Estado, para asumir un cargo en representación de la institución en una organización internacional de lucha contra el narcotráfico, siendo reemplazado por Ruth Palacios, la Fiscal subrogante, hasta que sea elegido el nuevo Fiscal (Fiscalía General del Estado, 2018).

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratifica a Ruth Palacios Brito como Fiscal General subrogante (CPCCS, 2018). 

La Fiscalía da inicio a la indagación previa número 156-2018, sobre el asambleísta nacional de CREO, Fernando Burbano Montenegro, por el presunto delito de concusión (La Hora, 2019).

Andrés Páez Benalcázar, ex asambleísta y candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza CREO-SUMA en 2017, presenta una denuncia en la Fiscalía en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña Muñoz, por los supuestos delitos de concusión y tráfico de influencias. La denuncia cuenta con una declaración juramentada del ex asesor de Vicuña cuando fue asambleísta de Guayas por Alianza País (2009-2017), Ángel Polivio Sagbay, realizada el 26 de octubre de 2018, en la Notaría Décimo Tercera de Quito, ante la notaria María Portilla Bastidas. Sagbay asegura haber sido obligado a pagar parte de su sueldo durante dos años, para acceder al cargo y mantenerse en él. Páez además agregó que la Fiscalía debe investigar la relación de parentesco de la vicepresidenta con 20 personas que ocupan cargos públicos en el gobierno. La denuncia lleva adjunto un listado con los nombres de estas personas, su relación de parentesco con Vicuña, la institución en que trabajan y el cargo que ocupan (El Universo, 2018). 

Sagbay trabajó como asistente en el despacho de Vicuña entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012, y esta le habría solicitado hacer una contribución obligatoria de USD 300 mensuales para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) al que pertenece la vicepresidenta. Posteriormente, entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013, Sagbay ocupó el cargo de asesor 1, aumentado con ello su contribución a USD 1.400 mensuales.

Por su parte, Vicuña declaró, desde el Aeropuerto de Guayaquil, que la acusación no es más que una infamia y que como tal se resolverá en la vía judicial. (El Comercio, 2018). 

La Fiscalía abre formalmente la indagación previa número 195-2018-DRR, en el caso de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por la denuncia de presuntos cobros indebidos realizados a su ex colaborador, Ángel Polivio Sagbay, durante su etapa como asambleísta. (El Comercio, 2018). 

Christian Viteri López, ex asambleísta de Guayas por Alianza País (2013-2017), asegura que los cobros indebidos en la Asamblea fueron liderados por el ex presidente Rafael Correa, y que todos los candidatos a asambleístas firmaron voluntariamente un código de conducta que estipulaba que, quienes fueron electos, deberían dar una contribución mensual de USD 400 al movimiento. Señaló, además, que el ex presidente reunía a los asambleístas en Carondelet para controlar el pago de dichas contribuciones, y agregó que él siempre cumplió con estas contribuciones de su propio sueldo. Por último, aseguró que, cuando varios asambleístas se quejaron por estos cobros, Correa supuestamente habría dicho que podía pedirse la contribución a los asesores. (Ecuavisa, 2018).

Por su parte, Ximena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional, reveló que Sofía Espín, ex asambleísta de Guayas por Alianza País, tenía conocimiento de la declaración juramentada de Polivio Sagbay, y habría amenazado con hacerla pública si no se paraba la votación para destituirla. Al parecer, imágenes de la Asamblea mostrarían a Espín acercándose a los legisladores José Serrano Salgado y Esteban Albornoz Vintimilla, también de Alianza País, para enseñarles dicha declaración juramentada (Ecuavisa, 2018).

Al ser consultado sobre las acusaciones contra la Vicepresidenta Vicuña, el Presidente Moreno dijo que él no puede actuar como juez, y que está en manos de la Función Judicial investigar, sin intervención del Poder Ejecutivo (CNN, 2018)

En una entrevista en Radio Majestad, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, reconoce haber recibido depósitos por parte de Ángel Sagbay, pero asegura que el ex asesor mintió al decir que estos pagos se realizaban como condición para mantener su cargo, pues, en realidad, Sagbay habría sido militante, tanto de Alianza País como de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Incluso afirmó que el ex asesor llegó a ser coordinador provincial de Morona Santiago de ABA, y director cantonal de Gualaquiza de Alianza País. Según la vicepresidenta, Sagbay comenzó a exigir cargos y contratos que ella le negó, y aseguró que existen chats, presentados en Fiscalía, en los que el ex asesor la habría chantajeado para que acceda a sus peticiones. Además, señaló que todos los trabajadores de su despacho colaboraban voluntariamente con la organización. Vicuña explicó también, que al ser ABA una organización de hecho y no de derecho, no consta en el registro electoral ni tiene cuenta bancaria, motivo por el cual los depósitos se realizaron en la cuenta personal de la vicepresidenta, al ser ella la responsable de recaudar los aportes de los militantes. Se quejó, además, de que los medios de comunicación que hicieron pública la denuncia de Sagbay no hayan primero contrastado la información con ella. Asimismo, Vicuña aseguró que le intentaron chantajear con las transferencias, para conseguir cargos públicos, pero que ella no accedió al chantaje (Radio Majestad, 2018). 

Por otro lado, el portal Código Vidrio revela que Karla Obando Ortiz, asesora 2 en el despacho de María Alejandra Vicuña en su época de asambleísta, también habría realizado depósitos por USD 14.650 en la cuenta de la vicepresidenta del Banco de Machala. Código Vidrio, además, habría tenido acceso a documentos de la investigación previa que se sigue a Vicuña en la Fiscalía, en los que se evidenciaría que la cuenta de Vicuña en el Banco de Machala registra movimientos por un total de USD 1,2 millones, y desde 2008, las transferencias y depósitos,que incluyen su sueldo como asambleísta, suman USD 400.000. Además, se habrían detectado transferencias de ordenantes no identificados en 2009 y 2011, que suman USD 26.000 (Código Vidrio, 2018). 

Durante la sesión 557, con 77 votos a favor, 24 abstenciones y un voto en blanco, la Asamblea Nacional aprueba la resolución presentada por Fabricio Villamar, por la cual se exige la renuncia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por las acusaciones de cobros indebidos producidos en su etapa como asambleísta.

Durante la defensa de la propuesta de resolución, Fabricio Villamar informa que tienen las firmas necesarias para llevar a la Vicepresidenta a juicio político, pero que la insta a presentar su renuncia en lugar de entrar al proceso (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 593, el presidente de la República, Lenin Moreno, libera de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, encargándolas a José Augusto Briones, Secretario General de la Presidencia (Presidencia de la República, 2018). 

María Alejandra Vicuña presenta su renuncia al cargo de Vicepresidenta de la República (Vicepresidencia de la República, 2018). 

El pleno de la Asamblea Nacional aprueba, con 94 votos a favor y 43 abstenciones, la renuncia de María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia de la República (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). 

La Asamblea Nacional, escoge a Otto Sonnenholzner como el nuevo vicepresidente de Ecuador, de la terna enviada por el Presidente Moreno (France 24, 2018).

La Fiscal General encargada, Ruth Palacios, solicita a la Corte Nacional de Justicia se fije fecha y hora para realizar una audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña (El Universo, 2018). 

El CNE señala en un informe que, entre 2011 y 2013, no se registran aportes a la campaña de Alianza País a nombre de María Alejandra Vicuña o de su organización política ABA. Dicha información habría sido solicitada por la asambleísta María Mercedes Cuesta (FE) (Teleamazonas, 2018). 

El asambleísta Tito Puanchir, rinde versión libre y voluntaria ante la Fiscalía, sobre el caso de supuestos cobros a Martha Campoverde para asegurarle el puesto de asesora legislativa (El Telégrafo, 2018). 

Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, solicita a la Asamblea Nacional levantar la inmunidad parlamentaria a María Alejandra Vicuña, para iniciar el proceso penal en su contra (El Comercio, 2018). 

Se revela en redes sociales el audio de una conversación entre y Norma Vallejo y Lenin Rodríguez, ex asesor de Ana Galarza y asesor de Jeannine Cruz. En dicha conversación, el ex asesor le asegura a Vallejo que existen irregularidades en el despacho de Galarza. Según Rodríguez, la asesora 1 de Ana Galarza, no trabaja en la Asamblea, solo presta el nombre, firma los registros de asistencia, le depositan el salario, quedándose con USD 300 y dando el resto a Ana Galarza. (Youtube, 2018). Rodríguez asegura que le solicitó a Ana Galarza acceder al cargo de asesor 2, con un sueldo de USD 2.500. Sin embargo, la asambleísta le habría dicho que no podía darle ese cargo porque debía mantener en nómina a Omar Mayorga, quien habría dado dinero para su campaña, pero que transcurrido un año, lo ascendería de asistente (con un sueldo de USD 1.400) a asesor 2. Según Rodríguez, el ascenso no se dio porque fue despedido antes de cumplirse el año. El ex asesor también señaló que, supuestamente, la mitad del sueldo de Mayorga habría estado destinado al esposo de la legisladora, Francisco Sevilla, quien además usaría la tarjeta magnética de la asesora 2, a la que nunca vio en el despacho, y cuyo sueldo habría estado destinado a pagar deudas de campaña. La conversación se habría producido un mes antes de la destitución de Vallejo, y fue grabada y difundida sin el consentimiento del ex asesor (El Comercio, 2019). Según Rodríguez, Galarza y su esposo utilizan este dinero para pagar sus deudas. 

En respuesta, Ana Galarza, junto a su abogado Roberto Calderón, presentó un escrito en la Fiscalía donde solicita que se investigue la acusación de su ex-asesor, señalando además, que pondrá a disposición de la entidad todo su contingente humano, de personal y tecnológico. La asambleísta aseguró que la separación de Lenin Rodríguez de su despacho se dio por la mala relación que tenía con los otros asesores y por ciertos comentarios realizados por el asesor sobre su anterior jefe, el ex asambleísta Diego Salgado. (PSC, antes CREO), y que lo recomendó como asesor a Jeannine Cruz por su desempeño profesional y no por temas personales (El Comercio, 2019).

María Alejandra Vicuña acude a la Fiscalía a rendir versión libre y voluntaria sobre las acusaciones en su contra por supuestos cobros indebidos. Ante los medios, la ex vicepresidenta declaró que los aportes que recibió de sus ex asesores fueron voluntarios y estaban destinados a su organización, Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), por lo que no existiría ninguna ilegalidad en su proceder. Además, señaló que el financiamiento de la organización es público desde 2015 (El Comercio, 2019). 

Lenin Rodríguez presenta ante la Fiscalía una denuncia en contra de Ana Galarza, por los supuestos de delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y uso de documentos falsos. (Ecuavisa, 2019). Ante la Asamblea Nacional también se presentó una denuncia juramentada en contra de la legisladora, por parte del asambleísta por Guayas, Ronny Aleaga Santos (ex AP) (El Telégrafo, 2019). 

Con 80 votos afirmativos y 31 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional declara improcedente la solicitud remitida por el juez de la Corte Nacional, Iván Saquicela, para que el legislativo autorice el enjuiciamiento penal en contra de María Alejandra Vicuña, en virtud de que ya no ejerce las funciones de asambleísta ni de Vicepresidenta, por lo que no corresponde a la Asamblea autorizar el inicio de un proceso penal en su contra. En este mismo sentido, con 82 votos a favor y 31 abstenciones, el pleno declara improcedente la solicitud de enjuiciamiento penal a Norma Vallejo, bajo el argumento que al perder la calidad de legisladora ya no goza de la garantía de autorización de un eventual enjuiciamiento penal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprueba, por unanimidad, la solicitud planteada por el asambleísta Ronny Aleaga, para la creación de una comisión multipartidista que investigue el caso de la asambleísta Ana Galarza (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).  La asambleísta Ana Galarza, presentó en la Fiscalía una impugnación a la denuncia realizada en su contra por parte de su ex asesor, Lenin Rodríguez (El Comercio, 2019). 

El Pleno de la Asamblea nombra, con el voto unánime de los 126 asambleístas presentes, a Lourdes Cuesta (CREO), Amapola Naranjo (ex AP) y Raúl Tello (BIN) para que integren la Comisión Multipartidista que investigará la denuncia presentada por Ronny Aleaga en contra de Ana Galarza (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

Vicente Ogoño Granda, ex asesor de Nívea Vélez Palacio, ex asambleísta por el Movimiento Municipalista (2009-2013) y ex viceprefecta de Loja, presenta ante la Fiscalía una denuncia en su contra por el presunto delito de concusión. Ogoño asegura haber sido obligado a pagar un total de USD 28.172 durante los 16 meses que trabajó para Vélez. Este dinero habría estado destinado a cubrir gastos de la organización política “Convocatoria”, liderada por la ex asambleísta. Al ex asesor se le habría obligado a abrir una cuenta bancaria de manera conjunta con una persona de confianza de Vélez. El abogado de Vicente Ogoño, Rafael Cuenca Carluche, aseguró que tuvieron que demandar al banco donde el ex asesor depositaba el dinero para que brindara información sobre los movimientos financieros. Por su parte, la asambleísta Vélez, quien es candidata a la Alcaldía de Loja, aseguró que esta denuncia es parte de una campaña sucia en su contra y que Ogoño es cercano a un candidato de otro partido político (La Hora, 2019).

La Comisión Multipartidista que investiga la denuncia contra Ana Galarza designa a Raúl Tello como presidente, y crea un cronograma de trabajo que comprende la comparecencia de Ronny Aleaga y Lenin Rodríguez para el 18 de de enero, así como la comparecencia de la Ana Galarza y los miembros de su equipo asesor para el 21 de enero. De igual manera, Raúl Tello aseguró que se requerirá información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre los movimientos de las cuentas de Galarza y las personas involucradas en el caso (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

Washington Olmedo Sigcha presenta en la Asamblea Nacional una denuncia solicitando a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, que realice el seguimiento de la denuncia presentada en la Fiscalía de Orellana, el 16 de junio de 2017, en contra del asambleísta por Orellana, Alberto Zambrano Chacha (AP), por el presunto delito de tráfico de influencias. La denuncia lleva adjunta una copia del Acta de equipo político territorial, donde se encuentran los nombres y cargos supuestamente ofertados por el asambleísta y la copia del informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante el cual se resolvió derivar la denuncia hacia el Consejo de la Judicatura (La Nación, 2019). 

Durante la comparecencia ante la Comisión Multipartidista, Ronny Aleaga presenta como pruebas los audios, textos y videos que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre supuestas irregularidades en el manejo de salarios en el despacho de Galarza. Aleaga planteó la realización de 14 diligencias encaminadas a comprobar las denuncias, de las cuales la Comisión aceptó realizar 10. 

Como segundo punto, compareció Lenin Rodríguez, acompañado por su abogado y legislador alterno, Luigi García. Rodríguez inició mostrando documentos que dan cuenta que Omar Mayorga actúa como gerente de la Flota Pelileo, y al mismo tiempo está en la Asamblea Nacional. También afirmó que durante el año que colaboró con Ana Galarza, nunca conoció a la asesora 2, Carmen Alvarado, pero enseñó documentos de que la tarjeta de ella registró 860 accesos a la Asamblea; y además, presentó los registros de asistencia de los asesores suscritos por asambleísta representante de CREO (El Universo, 2018).

Por otro lado, la Fiscalía da inicio a la indagación previa número 169-2018, contra la asambleísta Johanna Cedeño, por presunta concusión (La Hora, 2019). 

Los asesores de Ana Galarza, Omar Mayorga, Carmen Alvarado y Marcelo Rosero, y su esposo, Juan Francisco Sevilla, comparecen ante la Comisión Multipartidista que investiga la denuncia en contra de la asambleísta. Carmen Alvarado aseguró que trabaja como asesora en territorio (Tungurahua), por lo que no asiste regularmente a la Asamblea y desconoce el uso que se le da a su tarjeta electrónica, y negó haber entregado parte de su sueldo a la asambleísta. Omar Mayorga, por su parte, también negó haber entregado parte de su salario a Sevilla; no obstante, sí reconoció haber recibido tres transferencias electrónicas por parte de Lenin Rodríguez, por una suma de USD 180, pero supuestamente este dinero habría sido el pago de una invitación a un evento benéfico. Finalmente, Francisco Sevilla admitió haber utilizado la tarjeta electrónica de Carmen Alvarado, y dijo que pudo ser un error, pero la única intención era acompañar a su esposa (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).

Ana Galarza comparece ante la Comisión Multipartidista y pide que se archive el proceso que se tramita en su contra. Galarza fue acompañada por su abogado defensor, Marcelo Dueñas, y colaboradores de su despacho. La asambleísta aseguró que jamás recibió transferencias o depósitos de sus colaboradores, y presentó estados bancarios, pero sí admitió el uso de la tarjeta magnética de acceso a la Asamblea por parte de su esposo, asegurando que si debe pedir disculpas por este tema lo hará (El Comercio, 2019). 

La Fiscal General encargada, Ruth Palacios, formula cargos a María Alejandra Vicuña ante la Corte Nacional de Justicia, por el presunto delito de concusión. Por su parte, el juez de la Corte, Iván Saquicela, dio inicio a la instrucción fiscal, con duración de 90 días, e impuso a la procesada, como medidas cautelares, la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse cada 8 días en la Corte Provincial del Guayas y la prohibición de enajenación de un bien inmueble (Fiscalía General del Estado, 2019). 

La Comisión Multipartidista que investiga el caso de Ana Galarza, con los votos a favor de Raúl Tello y Lourdes Cuesta, aprueba el informe por el cual se recomienda la aplicación de una sanción administrativa a la legisladora por el uso indebido de la tarjeta electrónica de su asesora. El informe concluye, además, que el denunciante, Ronny Aleaga, no demostró que la asambleísta haya incurrido en la prohibición de gestionar cargos públicos, al solo existir una referencia solicitada por la asambleísta Jeannine Cruz sobre el comportamiento laboral y profesional de Lenin Rodríguez. El presidente de la Comisión, Raúl Tello, aseguró que durante la investigación se garantizó el debido proceso para cada una de las partes, y que incluso se admitieron pruebas, por parte del denunciante, que no tenía relación con la causal invocada inicialmente (gestión de cargos públicos). También señaló que el organismo cumplió con el mandato de la Asamblea, pero que no podía asumir competencias que corresponde a los operadores de justicia, como revisión de firmas por peritos y otras (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

Viviana de la Cadena, ex asesora de Leandro Cadena, es llamada a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía se encuentran las versiones de los funcionarios de la Contraloría General del Estado y del propio Leandro Cadena, además de una pericia contable y un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP) derivado del examen especial a las declaraciones patrimoniales presentadas por la acusada. De la Cadena no habría sido capaz de justificar el origen de los depósitos en sus cuentas bancarias por una suma de USD 145.000 mientras trabajó como asesora en la Asamblea, entre julio de 2009 y diciembre de 2012 (Fiscalía General del Estado, 2019).

La Fiscalía da inicio a la fase de indagación previa en el caso de Ana Galarza. Por su parte, Ronny Aleaga presentó ante dicha institución documentos y CDs que servirían como pruebas en el caso (Ecuavisa, 2019). 

La Comisión Multipartidista presenta ante el Pleno el informe de mayoría, suscrito por Raúl Tello y Lourdes Cuesta, y el informe de minoría, suscrito por Amapola Naranjo. Este último, determina que el denunciante si probó que Ana Galarza incurrió en la prohibición de gestionar cargos públicos, acto que se habría consumado en la contratación del ex asesor por parte de Jeannine Cruz, por lo que recomienda la destitución de la legisladora (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

Durante la sesión del pleno 576, con 91 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción presentada por Ronny Aleaga, destituyendo a la asambleísta Ana Galarza por incurrir en la prohibición de gestionar cargos públicos. Asimismo, la resolución contempla el envío de la documentación a la Fiscalía y a la Contraloría (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

La Fiscalía da inicio a la indagación previa número 174-2018-IRA-fvp, sobre el asambleísta por Morona Santiago, Juan Pablo Velín Cortez (IND, antes AP), aunque sin determinar el cargo por el cual se lo investiga (La Hora, 2019).

La revista Vistazo revela un audio en el que Washington Paredes, asambleísta por Galápagos, presuntamente estaría gestionando un cargo en el Municipio de Quito para Ana Esther Ramón Guamanquishpe, una ex colaboradora que, además de ratificar el contenido del audio, aseguró haber entregado USD 120 mensuales al asambleísta durante 11 meses para gastos de campaña. Ella habría sido la encargada de recibir el dinero de otros dos asesores. Por su parte, José Vicente Revelo Panchana, otro ex asesor despedido por Paredes, presentó en la Fiscalía respaldos de transferencias bancarias a la cuenta del asambleísta (Vistazo, 2019). 

La Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, formula cargos, ante la Corte Nacional de Justicia, a Norma Vallejo, por el presunto delito de concusión. El juez de la Corte, Iván Saquicela, dio inicio a la instrucción fiscal, con duración de 90 días, y dictó como medidas cautelares, la prohibición de salida del país, la presentación semanal ante un juez, y la prohibición de enajenar bienes por USD 13.800 (Fiscalía General del Estado, 2019). 

Víctor Rivadeneira Macías, ex asesor del asambleísta nacional, José Serrano Salgado (AP) cuando era Ministro del Interior, presenta ante la Fiscalía una denuncia por supuestos cobros indebidos en contra del legislador. Según Rivadeneira, se le cobraron USD 300 mensuales para mantener su cargo en el despacho del Ministerio, y aseguró que este tipo de cobros pudo haber sido realizado a otros 500 funcionarios. Los pagos los habría realizado en la cuenta bancaria de María Fernanda Iglesias, jefa de despacho, sobre quien también recae la denuncia. Rivadeneira presentó además, certificados bancarios y copias de chats para sustentar la denuncia, y solicitó ser incluido en el programa de protección de víctimas y testigos, tras supuestamente haber recibido amenazas (Teleamazonas, 2019). 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designa a Diana Salazar Méndez como Fiscal General del Estado. (CPCCS, 2019). 

El Asambleísta César Litardo Caicedo es designado como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional (El Universo, 2019)

Durante la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, acusa a María Alejandra Vicuña como autora del delito de concusión, presentando 34 elementos técnicos de convicción, y solicitando al juez nacional, Iván Saquicela, que dicte el auto de llamamiento a juicio a la ex vicepresidenta (Fiscalía General del Estado, 2019).

Verónica Pinargote Rodríguez, ex asesora de Karina Arteaga, presenta una denuncia en Fiscalía por supuestos cobros indebidos. La ex asesora sostiene que, durante los tres meses que trabajó con Arteaga en 2018, esta la obligaba a depositar USD 2.800, de un sueldo de USD 3.200, en la cuenta de su esposo, supuestamente para pagar la cuota de un auto. Su abogado, Roger Castro, aseguró que cuentan con comprobantes bancarios y grabaciones donde se amenaza a la ex asesora si no cumple con los pagos. Arteaga, por su parte, negó las acusaciones, señalando que la demanda sería resultado de su apoyo al gobierno, y aseguró que presentará una contrademanda (El Telégrafo, 2019). Con esta, suman dos las denuncias presentadas en contra de Arteaga.

Por otro lado, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, llama a juicio a María Alejandra Vicuña por presunta participación en el delito de concusión. Esto, en virtud de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, entre los que se encuentra el testimonio de Ángel Sagbay, ex asesor de Vicuña, y un informe pericial contable y financiero, que habría evidenciado movimientos de USD 590.000 en las cuentas bancarias de la ex asambleísta, cifra que no coincidiría con lo declarado ante el SRI. Asimismo, el informe determina que no se puede establecer si el dinero recogido fue utilizado para la organización política de la ex vicepresidenta (Fiscalía General del Estado, 2019). 

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, llama a juicio a Norma Vallejo, por presunta participación en el delito de concusión. Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscal General, Diana Salazar, se encuentran las versiones de los perjudicados, información bancaria que permitió evidenciar transferencias en las cuentas de Vallejo y su hijo y una pericia contable financiera que haría presumir que la ex legisladora habría recibido un total de USD 20.305. Además, se presentó un peritaje de cotejamiento de voces, una pericia realizada a los chats de Whatsapp mantenidos por la ex asambleísta con sus colaboradores y un informe de Alianza País que indica que Vallejo contribuyó con USD 7.324. La Fiscalía sostiene que Norma Vallejo habría solicitado a los miembros de su equipo de trabajo, aprovechándose de su cargo, aportes mensuales obligatorios entre USD 150 y USD 1.000, en efectivo y vía transferencia, como requisito para mantener sus cargos. Este dinero habría sido utilizado para cancelar deudas personales, gastos de su despacho y hacer aportes al movimiento Alianza País (Fiscalía General del Estado, 2019). 

Fausto Loján Feijóo, ex asesor de la asambleísta por El Oro, Rosa Orellana Román (AP), presenta una denuncia ante la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción por presuntos cobros indebidos por parte de la legisladora. El ex asesor asegura haber pagado USD 1.000 mensuales entre octubre de 2017 y diciembre de 2018. Loján también presentó una demanda pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de El Oro (Diario Expreso, 2019).

Verónica Pinargote presenta una denuncia en la Asamblea Nacional para que se realice un proceso de investigación en contra de Karina Arteaga, quien ejerce como vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La denunciante señaló que se le obligaba a depositar USD 2.861 mensuales en una cuenta corriente del Banco Comercial de Manabí, cuyo titular es Jhon Álava, esposo de la asambleísta. La ex asesora finalmente percibía únicamente USD 400 mensuales, bajo el pretexto de que su trabajo era principalmente en provincia, y que el resto de dinero debía dárselo a la asambleísta por haber accedido al cargo en una situación en que estaba sin empleo y necesitada de dinero. Además, denunció que ha recibido amenazas de muerte por parte de Liliana Alcívar Alcívar, quien es Directora Distrital Chone-Flavio Alfaro, y adjuntó las grabación de la supuesta amenaza, así como papeletas de los depósitos realizados. La ex funcionaria trabajó para Arteaga entre agosto y octubre de 2018, y las indicaciones para realizar los pagos las habría dado la asambleísta en su propia casa (Pichincha Comunicaciones, 2019). 

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces nacionales Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán, instala la audiencia de juzgamiento en contra de María Alejandra Vicuña, por el presunto delito de concusión (Corte Nacional de Justicia, 2020). 

Finaliza la audiencia de juzgamiento en contra de María Alejandra Vicuña, por el presunto delito de concusión. El Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, fue el encargado de presentar las 34 evidencias, que incluían testimonios de agentes investigadores, peritos, ex funcionarios bancarios y del ex asesor de Vicuña, Ángel Sagbay, y que habrían demostrado que el dinero recibido por la ex vicepresidenta, fue destinado a cubrir los gastos de la organización Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). La Fiscalía presentó también, el análisis de un perito contable, realizado a las cuentas bancarias de la ex asambleísta, que evidenciaría depósitos de 3 colaboradores por un valor de USD 43.295. El análisis determinó, además, que los ingresos de Vicuña alcanzaron USD 590.628,99, de los cuales solo habría declarado USD 401.045,20 ante el SRI. 

Por su parte, la abogada defensora de Vicuña, Ana María Ontaneda, presentó 28 pruebas, entre las que se encuentra la versión de 16 ex colaboradores de Vicuña cuando trabajaba en la Asamblea Nacional, y militantes de la organización política ABA, quienes aseguraron que los aportes económicos que depositaron en la cuenta de bancaria de Vicuña fueron voluntarios, agregando que nunca recibieron amenazas de perder su trabajo si no aportaban. Entre las pruebas documentales constan dos informes de la Contraloría General del Estado, en los que se establece la declaración patrimonial de Vicuña entre el 2013 y 2018. Según Contraloría, no hubo un incremento injustificado de su patrimonio en este período (El Comercio, 2020). 

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, sentencia a María Alejandra Vicuña a la pena atenuada de un año de prisión, como autora del delito de concusión, así como al pago de una indemnización de USD 173.180,16 al Estado y el comiso de un bien inmueble en Guayaquil (Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, 2020). El fallo establece que durante el período 2011-2016, cuando Vicuña se desempeñaba como asambleísta, abusando de su cargo, exigió y recibió dinero de su asesor, Ángel Sagbay, a cambio de proporcionarle estabilidad laboral. La Fiscalía también probó que Vicuña recibió transferencias bancarias de sus tres ex asesores, Ángel Sagbay, Karla Obando y Diego Riofrío, por un monto de USD 43.295,04. Las aportaciones mensuales exigidas a sus colaboradores estuvieron destinadas al financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). El fallo debe ser publicado en tres diarios de circulación nacional (Fiscalía General del Estado, 2020).

María Alejandra Vicuña realiza un pedido de suspensión condicional de la pena. Se trata de una figura legal que permite a una persona sentenciada hasta a 5 años de cárcel, cumplir su sentencia en libertad, a cambio de someterse a ciertos requisitos, como tener un domicilio formal y un trabajo permanente, no asistir a centros de diversión nocturna, asistir a un programa educativo y reparar los daños causados a la víctima. Este recurso está disponible para aquellos que no tengan antecedentes penales y hayan cometido delitos leves. La Corte Nacional de Justicia fijó una audiencia para el día 5 de febrero de 2020 (El Comercio, 2020). 

La Fiscalía General del Estado anuncia que impugnará el fallo de la Corte Nacional de Justicia en el caso de María Alejandra Vicuña, al considerar que la pena privativa de un año no evidencia una lucha frontal contra la corrupción (Fiscalía General del Estado, 2020). 

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia niega el pedido de suspensión condicional de la pena a María Alejandra Vicuña, por no cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que deberá cumplir su condena en prisión. Durante la audiencia, el Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, indicó que se oponía a la solicitud realizada por Vicuña, al no cumplir con el numeral 3 del artículo 360 del COIP, que señala como requisito: Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena (Código Orgánico Integral Penal, 2014). El Fiscal argumentó que el bien jurídico lesionado por la sentenciada fue la eficiencia de la administración pública, así como el deber actuar con probidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia, que son principios constitucionales que rigen a todos los servidores públicos, establecidos en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. Agregó que, al desempeñarse, primero como asambleísta provincial del Guayas, y después como vicepresidenta de la República, el delito causado por Vicuña causó grave conmoción en la sociedad y desconfianza en quienes ejercen cargos de elección popular. Por último, resaltó que el delito de concusión (por el que fue sentenciada la ex vicepresidenta), es imprescriptible y puede ser juzgado en ausencia debido a su gravedad (Fiscalía General del Estado, 2020).

Fabricio Villamar (IND, antes CREO) solicita en la Asamblea Nacional que se inicie el proceso de destitución contra Karina Arteaga por supuestos cobros indebidos a sus colaboradores, y gestión de cargos públicos a favor de familiares. Como pruebas de esto último, presentó registros de instituciones públicas donde trabajarían un hermano, dos sobrinas, un yerno y una cuñada de Arteaga, y un video donde un funcionario de Corporación Ciudad Alfaro agradece a la asambleísta tras su nombramiento. Villamar también adjuntó las denuncias de Andrea Utreras y Verónica Pinargote (El Comercio, 2020). 

La asambleísta Karina Arteaga presenta una denuncia en Fiscalía en contra de Fabricio Villamar y Verónica Pinargote, su ex asesora, por supuesto fraude procesal (El Comercio, 2020). Luigi García, abogado defensor de Arteaga, argumenta que el fraude procesal se habría producido porque en la denuncia en contra de la asambleísta se ha pasado de acusarla por cobros indebidos a hacerlo por gestión de cargos públicos. Arteaga, por su parte, aseguró que sus familiares ingresaron al sector público antes que ella fuera asambleísta (Teleamazonas, 2020). 

El CAL aprueba de manera unánime la conformación de una comisión multipartidista que investigue la denuncia presentada por Fabricio Villamar en contra de Karina Arteaga. La integración de la comisión, sin embargo, se pospuso para después de terminado el receso legislativo, el 11 de marzo (El Comercio, 2020).

La Fiscalía General del Estado solicita a la Corte Nacional de Justicia que fije hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos, por el presunto delito de concusión, en contra de la ex asambleísta Nívea Vélez y la legisladora Karina Arteaga (Fiscalía General del Estado, 2020). 

Durante la audiencia en la Corte Nacional de Justicia por el delito de concusión, Norma Vallejo acepta que pidió dinero a sus colaboradores en la Asamblea Nacional. (Primicias, 2020)

El tribunal, integrado por los jueces Dilza Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez, sentenció por unanimidad a la ex asambleísta Norma Vallejo por el delito de concusión a 1 año de privación de libertad, a una reparación monetaria a favor de los acusadores y el Estado, el impedimento de ser candidata a cargos públicos de elección popular o contratar con el Estado por el tiempo que dure la pena, la prohibición de enajenar bienes y a pedir disculpas a la ciudadanía en el Pleno de la Asamblea Nacional. 

En su sentencia, la Corte Nacional tomó en consideración como atenuantes de la pena la presentación voluntaria ante las autoridades de justicia por parte de Vallejo y su colaboración con las autoridades en la investigación de la infracción y su aceptación de los hechos. (Primicias, 2020)

Norma Vallejo solicita la suspensión condicional de la pena (Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Transito, 2020).