Aurelio Quito
Contexto
En el año 2017, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, firmó un contrato de concesión, por un plazo de 40 años, con la compañía de Generación Eléctrica San Francisco (GENEFRAN S.A.) para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en el Río Piatúa, provincia de Pastaza. Según un informe del Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza de Ecuador, los documentos para la concesión se basaron en información desactualizada e imprecisa. A su vez, se omitió que el lugar de ejecución del proyecto es una de las zonas con mayor concentración de biodiversidad en Ecuador.
Las posibles consecuencias ambientales que traería la hidroeléctrica alertaron a la población que se vería directamente afectada. Como consecuencia, se impulsaron varias iniciativas que tenían como finalidad detener la ejecución del proyecto. El conflicto entre los pobladores y la empresa se intensificó. Esto trajo consigo la realización de un paro, la presentación de acciones constitucionales contra el Estado y la empresa constructora, y la demanda a activistas por 60 millones de dólares.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo participó conjuntamente con líderes y lideresas sociales, activistas y defensores de derechos humanos, activamente en la interposición de una acción de protección con medidas cautelares a fin de suspender de forma inmediata toda actividad vinculada a la construcción y funcionamiento del proyecto.
Los hechos
28 Mayo 2019
17 Junio 2019
25 Junio 2019
29 Agosto 2019
3 Septiembre 2019
5 Septiembre 2019
8 Noviembre 2019
17 Enero 2020
4 Febrero 2020
20 Noviembre 2020
¿Por Qué ocurrió?
- La ausencia de normas jurídicas que permitan regular los conflictos de interés así como el lobby, sumado a la falta de control riguroso al patrimonio de los jueces, dificulta la identificación de casos de corrupción a tiempo. Es fundamental impulsar nuevas leyes - o reformas a las normas existentes - que permitan regular estos temas, además de garantizar el respeto a la norma vigente e impedir la impunidad en casos como este.
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La falta de control y la revisión deficiente de la administración pública para la firma de concesiones trae consigo potenciales afectaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. En ese sentido, es imperativo que existan capacitaciones y mecanismos de control y transparencia que permitan ejercer un control social sobre las actividades que realiza el Estado.
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Por otra parte, en el presente caso se evidenció que los magistrados tienen injerencia directa dentro de las entidades administrativas del sistema judicial. De esta manera, una persona externa puede influir en las resoluciones administrativas de las instituciones. Por lo manifestado, se debe garantizar la transparencia, publicidad y debido proceso en todos los procedimientos administrativos y judiciales que estén en marcha.
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Finalmente, el control ineficiente por parte de Contraloría y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a las cuentas y los manejos financieros de los funcionarios públicos dificultan identificar movimientos que pueden resultar de acciones corruptas. Por tal motivo, es fundamental impulsar procesos de capacitación e implementación de herramientas que permitan alertar temprana y eficazmente los casos de corrupción.
Consecuencias
- Si bien es cierto que no existieron consecuencias económicas directas (debido a que los recursos utilizados en el acto de corrupción procedían del sector privado), si se ratificaba de forma corrupta la sentencia de primera instancia se violaban derechos constitucionales. El impacto económico de la vulneración de derechos no puede cuantificarse económicamente.
- La corrupción en el sistema de justicia merma la confianza y credibilidad de las cortes en el Ecuador. Así, en este caso se evidenció como defensores de derechos humanos y la naturaleza se tienen que enfrentar a jueces parcializados o sobornados para alcanzar la justicia. Consecuentemente, existe una afectación directa al derecho de acceso a la justicia, debido proceso y seguridad jurídica.
Autor/Investigador: Gabriel Otero
Fecha de publicación: 2022-03-31 21:27:29
El Comercio. (09 de septiembre de 2019). Juez detenido en Pastaza llegó a la Corte Nacional y pide ser liberado. Obtenido de: https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/juez-detenido-pastaza-libertad-corte.html
El Comercio. (04 de febrero de 2020). Tribunal sentenció a un año de cárcel a exjuez de Pastaza Aurelio Quito. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/juez-pastaza-aurelio-quito-sentencia.html
El Universo. (29 de enero de 2020). Se instala audiencia de juzgamiento contra exjueces de Pastaza acusados de cohecho. Obtenido de https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/29/nota/7714191/se-instala-audiencia-juzgamiento-contra-exjueces-pastaza-acusados/
El Universo. (20 de noviembre de 2020). Tribunal de la CNJ ratifica sentencia por el delito de cohecho contra exjuez de Pastaza, Aurelio Quito. Obtenido de https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/20/nota/8056180/tribunal-cnj-ratifica-sentencia-delito-cohecho-contra-exjuez/
Primicias. (09 de septiembre de 2019). El juez Quito, detenido mientras intentaba entregar un soborno, seguirá detenido en la cárcel 4. Obtenido de: https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/juez-quito-delito-cohecho-audiencia-habeas-corpus/
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