Alfredo Palacios asume la Presidencia de Ecuador tras la destitución de Lucio Gutiérrez. Palacios era hasta el momento el vicepresidente de la República. (Libertad Digital, 2005)

Juan Esteban Arellano Rumazo es designado como octavo presidente ejecutivo de Andinatel en el gobierno de Alfredo Palacios. A la fecha, Arellano habría ocupado el puesto de vicepresidente de Nuevos Productos y Servicios de Andinatel. (La Hora, 2007) El presidente del directorio de Andinatel, Guillermo Molina, asegura que se habría removido al anterior presidente ejecutivo, Gales Chiriboga “porque no coordinaba acciones con ese organismo, tomaba decisiones sin consultar y no presentó los informes solicitados”. (La Hora, 2007)

Andinatel firma un contrato con la empresa proveedora de servicios comunicacionales Algalite S.A., propiedad de Wigtown Holding Corp. y Mulberry Finance Inc. Ambas compañías son sociedades extranjeras que tenían como apoderado a Juan José Vivas Hilbron, hijo de Juan José Vivas Wagner, asesor del presidente Palacio. Este contrato le permite a Algalite proveer, bajo la figura de reventa, los servicios de telefonía fija y transmisión de datos a Andinatel. (El Universo, 2007) Este contrato convertiría a Andinatel en subvencionista de Algalite, dedicándose solamente a intermediar con los usuarios para la venta de servicios. (La Hora, 2007)

En este contrato se contemplan algunas ventajas, como el establecimiento de un subsidio en la instalación de líneas fijas de hasta el 70%. (El Universo, 2007) Es decir, Algalite habría recibido este descuento del 70% en los servicios que Andinatel le habría otorgado, como por ejemplo la provisión de internet y transmisión de datos. Por otro lado, en caso de una cancelación unilateral del contrato, se prevé que Andinatel pagaría un valor aproximado de USD 20 millones a Algalite. (La Hora, 2007)

El Fondo de Solidaridad, órgano público encargado de la protección de sectores estratégicos, fue el único accionista de Andinatel y dispuso que la telefónica estatal no firmara más contratos. (El Universo, 2007) Se podría atribuir parte de esta decisión a que durante la administración del Presidente Arellano se habrían firmado cerca de 500 contratos, muchos bajo sospechas de sobreprecios, adjudicaciones dudosas y adquisiciones innecesarias. (El Universo, 2007)

Hasta la fecha los contratos de Andinatel ascienden a un total de USD 312 millones. Los 19 contratos firmados entre enero de 2006 y enero de 2007 equivalen al 51,27% del total de las adjudicaciones. (El Universo, 2007) Cabe mencionar que solo en diciembre de 2006 se habrían firmado 99 contratos. (El Universo, 2007)

Juan Esteban Arellano, presidente ejecutivo de Andinatel, suscribe tres adendas al contrato con Algalite, pese a la disposición del Fondo de Solidaridad sobre la prohibición de celebrar más contratos. (El Universo, 2007) De acuerdo a estas adendas, Andinatel queda sujeta al pago de multas en caso de incumplimientos. Asimismo, se garantizan descuentos de hasta 70% en internet y transmisión de datos “si la contratista utilizaba su propia infraestructura”. (El Universo, 2007)

Rafael Correa Delgado asume la presidencia de la república. (Tibocha & Jaramillo, 2008)

El presidente Correa posesiona a Marcelo Iván Gabela como presidente ejecutivo de las empresas de telefonía fija Andinatel. (El Universo, 2007) En su posesión, Correa indica que la designación de las nuevas autoridades significa poner fin a la depreciación y saqueo de las instituciones públicas, señalando que “no habrá privatizaciones ni actos de corrupción”. (El Universo, 2007) Por su parte, Gabela promete revisar todos los contratos suscritos en el periodo anterior. (El Universo, 2007)

Juan Ortiz, gerente de Andinatel, quien se habría encargado de la gerencia durante tres días, hace varias observaciones en una carta:

• “No existía un mínimo de ventas para Algalite”. Según Vivas Hilbrón, Algalite cobraría una comisión a ser determinada en cada uno de los servicios de reventa a pactarse. (El Universo, 2007)

• “Se debería especificar si la relación entre Andinatel y Algalite es de comercialización o de reventa”. Más adelante se afirmaría que la suscripción del contrato implica una intermediación comercial sin exclusividad. (El Diario, 2007)

• “El acuerdo entre las telefónicas debía registrarse en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel)”. El acuerdo no habría sido registrado en la Senatel, así como la verificación del registro de Algalite como compañía proveedora de servicios.

• Ningún contrato de Andinatel contempla el lucro cesante (indemnización) y aun así en este contrato la compañía lo acepta por siete años. (El Universo, 2007)

El presidente del directorio de Andinatel, César Cisneros destaca que se investigarán 66 contratos que habrían sido firmados a “última hora por un monto de 21 millones 441 mil dólares”. (La Hora, 2007)

Jorge Glas Espinel, presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, informa que Marcelo Iván Gabela Dávila, presidente ejecutivo de Andinatel, renuncia a su cargo debido a problemas personales. (El Universo, 2007) En su reemplazo, César Cisneros asume el cargo de presidente ejecutivo subrogante de Andinatel.

El presidente Correa, nombra a Carlos Pólit como nuevo Contralor General del Estado. Polit es militante del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y ex secretario general de la presidencia de la República del gobierno de Lucio Gutiérrez. (El Universo, 2007) La designación del Contralor la realizaba el Ejecutivo  tras recibir una terna elaborada por el Congreso. En su posesión, Pólit afirma que la acción de la Contraloría estará dedicada al control riguroso de la administración pública y exhortó a la sociedad civil a que denuncie actos inmorales que se hayan cometido o se pretendan cometer. (El Universo, 2007)

Jorge Germán Ramírez es elegido como ministro fiscal de la nación por parte del Congreso con 70 votos a favor y el apoyo de los partidos Sociedad Patriótica (PSP), Roldosista Ecuatoriano (PRE), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Social Cristiano (PSC), y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian). (El Universo, 2007)

El Congreso indaga las irregularidades presentadas en el contrato firmado entre Andinatel y Algalite en 2006. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Luis Almeida, Diputado por el Partido Sociedad Patriótica, señala al expresidente Alfredo Palacio, al ex secretario de presidencia del gobierno Roosevelt Chica y al ex asesor presidencial Juan José Vivas Wagner, como artífices de las negociaciones. (El Universo, 2007)

Por su parte, César Cisneros asegura que el directorio de Andinatel habría iniciado acciones legales para dejar sin efecto el contrato. Asimismo, menciona que ya habría enviado la documentación a la Contraloría General del Estado para que se determinen las responsabilidades civiles y penales. (La Hora, 2007)

Mediante propuesta del diputado Almeida, la Comisión de Fiscalización del Congreso resuelve iniciar un juicio penal en contra de los involucrados en el contrato de Andinatel y Algalite firmado en 2006. (El Universo, 2007) Los principales sospechosos en este proceso son Juan Esteban Arellano, Roosevelt Chica, Juan José Vivas Hilbrón y Juan José Vivas Wagner. Las autoridades del Fondo de Solidaridad y de Andinatel admiten ilegalidades en la contratación de la compañía Algalite. Cisneros indica que debido a que se contempla una penalización en contra de la telefónica que podría alcanzar los USD 20 millones dada la terminación unilateral, la tarea de los abogados de Andinatel es evitar ese pago. (El Universo, 2007) Cisneros indica que el expresidente ejecutivo de Andinatel habría creado una red de colaboradores que fueron movidos de un puesto a otro, con el fin de que se queden en Andinatel. (El Universo, 2007)

Almeida presenta una denuncia contra el expresidente Alfredo Palacio y otras personas de su gobierno por el presunto delito de peculado. (El Universo, 2007) Esta demanda cuestiona la “legalidad del contrato concedido a la transnacional Algalite con Andinatel”. (El Universo, 2007) Aquí, Almeida solicita al fiscal, Jorge German Ramirez, investigar el contrato de intermediación comercial de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones actuales y futuros suscrito entre Andinatel y Algalite. (El Universo, 2007) La denuncia incluye al ex presidente de Andinatel, Juan Esteban Arellano, y al apoderado de la compañía Mulberry Finance y accionista de Algalite, Juan José Vivas Hilbron. Así también, Juan José Vivas Wagner, exasesor presidencial; Roosevelt Chica, ex secretario de la Presidencia; Jorge Muñoz Cazar, ex gerente de Andinatel; Luigi Lofruscio Rodríguez, vicepresidente de productos y servicios, entre otros. (El Universo, 2007)

Por su parte, Efrén Ortiz, gerente de Algalite, envía una carta a Cisneros, donde asegura que: 

• Las afirmaciones de Cisneros son falsas. 

• La aprobación de la Senatel “no es un requisito para la vigencia del contrato”. (El Universo, 2007)

• El objeto del registro es “para comenzar a efectivar el contrato”. (El Universo, 2007)

Ortiz invita a Cisneros a especificar las supuestas incorrecciones mencionando que:

• “Usted confunde la comisión o descuento por reventa de hasta un 70%, cuando para percibir dicha comisión Algalite está sujeta a efectuar la venta de productos específicos de Andinatel y condiciones de inversión explícitas (por un mínimo de $3 millones)”. (El Universo, 2007)

Por otro lado, Juan José Vivas Hilbrón envía una carta al director de Diario El Universo asegurando que es víctima de una persecución. (El Universo, 2007) Aquí, Vivas Hilbron establece que el contrato suscrito con Andinatel es de intermediación comercial sin exclusividad. Además, destaca observaciones y elementos sustanciales en la suscripción del contrato (El Universo, 2007):

• En el contrato se contempla que Algalite:

  • Intermediaría o revendería los servicios finales y portadores de telecomunicaciones de Andinatel.

  • Cobraría una comisión que sería determinada en cada uno de los servicios de reventa a pactarse.

  • Correría con todos los riesgos de la operación mercantil y gastos de inversión relacionados con el contrato. Así, no se obliga a realizar desembolsos o erogaciones (distribución de bienes).

• Según el monto de inversión los intermediarios tienen el derecho al cobro de un mayor porcentaje de comisión. Así, mientras mayor sea la inversión del intermediario, su descuento en la reventa del servicio sería mayor.

• Al finalizar el contrato quedan en favor de Andinatel, todas las inversiones en infraestructura realizadas por Algalite, así como la cartera de clientes.

Vivas Hilbron también señala que el contrato de intermediación no se ha implementado pues requería la inscripción previa en la Senatel. Esto no se habría realizado dado que no se habría designado la autoridad competente. Asimismo, menciona que los nuevos directivos de Andinatel no habrían brindado respuestas concretas respecto de los requerimientos de Algalite. (El Universo, 2007)

Vivas Hilbron habría sido involucrado por supuesto irregularidades en el contrato, lo cual rechaza sosteniendo que “existen contratos similares, suscritos desde hace mucho tiempo y bajo la misma modalidad, tal es el caso de las telefónicas móviles Movistar, Porta y Alegro, al igual que múltiples convenios con locutorios privados.” (El Diario, 2007)

Al mismo tiempo, el TSE realiza la convocatoria oficial de Consulta Popular para que la ciudadanía exprese su posición respecto de la instalación de una nueva Asamblea Constituyente. (El Universo, 2007)

De acuerdo con el diputado del PSP, Luis Fernando Almeida Morán, existen memorandos entre Andinatel y el gobierno de Palacio que alentaban la contratación de Algalite. (El Universo, 2007) En esta instancia los acusados son: Alfredo Palacio, Juan Esteban Arellano, Juan José Vivas Hilbrón y  Juan José Vivas Wagner Además, según Almeida, Palacio habría: “malversado fondos y falsificado instrumentos públicos al contratar a la empresa Algalite para la reventa de servicios de la telefónica estatal Andinatel”. (El Universo, 2007) Según Almeida, este contrato le habría costado al Estado USD 125 millones anuales dado el descuento del 70% proporcionado por Andinatel a Algalite. Almeida calificó este acuerdo como "el más grande negociado" en ese gobierno. (El Universo, 2007)

Asimismo, César Frixone, presidente del Comité de Auditoría de Andinatel, habría admitido la dificultad para dejar insubsistente la suscripción del contrato entre Andinatel y Algalite. Frixone indica que habría pedido al directorio de Andinatel que solicite a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) la verificación del registro de Algalite como compañía proveedora de servicios, señalando: “Queremos determinar si está registrada, como establece la Ley de Telecomunicaciones, y si cumple con las leyes del país. Caso contrario, el contrato debe ser rescindido”. (La Hora, 2007)

La Comisión de Fiscalización solicita al fiscal Jorge German Ramírez, que se dicte la prisión preventiva en contra de Juan Esteban Arellano, ex presidente de Andinatel, y otras personas involucradas en la firma del contrato con Algalite por el delito de peculado y atraco de fondos públicos, entre ellos:

• Juan Esteban Arellano - peculado

• Alfredo Palacio - peculado

• Roosevelt Chica - peculado

• Juan José Vivas Hilbron - atraco de fondos públicos

• Jorge Andrade

• Luigi Lofruscio

• Pablo Patiño

• Ramiro Correa

• Manuel Sosa

• Azucena Brown

• Inés Baldeón

• María Tapia

• Jorge Tapia. (El Universo, 2007)

La Fiscalía cita al expresidente Palacio a rendir testimonio en el caso Andinatel - Algalite, sin embargo este no acude al llamado. (El Universo, 2007)

La Fiscalía fija nueva fecha y hora para la rendición del testimonio de Alfredo Palacio. Mientras tanto, Joffre Campaña, abogado de Palacio, señala que ese mismo día habría presentado un escrito en el que impugna y cuestiona el inicio de la indagación previa, como la falta de informe previo de la Contraloría. También apunta a la supuesta falta de señalamiento de los hechos que puedan constituir el delito. (El Universo, 2007) Campaña afirma que el pedido de comparecencia es ilegal porque el ex mandatario no reside en Quito. (El Universo, 2007)

César Cisneros renuncia al cargo de presidente ejecutivo subrogante de Andinatel tras la solicitud realizada por el Fondo de Solidaridad. Asegura que su salida es para no firmar contratos que perjudiquen a la empresa pues señala que existen varias irregularidades. (El Universo, 2007)

Además, Cisneros afirma que intentaron presionarlo “para poner a recomendados en cargos donde se manejan grandes sumas de dinero” (El Universo, 2007). Adicionalmente denuncia que se habrían presentado irregularidades que se cometen bajo presiones internas de Andinatel y desde el Fondo de Solidaridad, entre ellas, el nombramiento de personas recomendadas para las áreas de Marketing, Adquisiciones y Transporte y la firma de 60 contratos. (La Hora, 2007)

Fabián Palacios Poveda es designado como nuevo presidente ejecutivo de Andinatel tras la salida de Cisneros. (El Universo, 2007)

El diputado por el PSP, Joffre Mendoza, llama a comparecer a César Cisneros ante la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso para que explique detalladamente los motivos de su dimisión.  (La Hora, 2007)

Se realiza la Consulta Popular convocada por el TSE. En los resultados el 81.71% de los votantes aprueba instalar una nueva Asamblea Constituyente de plenos poderes para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución. (Castro, 2007)

Luis Almeida acusa a Palacio de “haber falsificado instrumentos públicos al contratar a la empresa Algalite para la reventa de servicios de la telefónica estatal Andinatel”. (Diario Crítico, s.f.) Por este motivo, Almeida solicita a la justicia que ordene prisión preventiva para el expresidente Alfredo Palacio. (El Universo, 2007)

Jorge German Ramirez abre una investigación a Palacio por el caso de supuesto peculado en la firma de un contrato de concesión entre Andinatel y Algalite. (El Diario, 2007)

Al mismo tiempo, Jorge German solicita a la Corte Suprema de Justicia prisión preventiva para: 

• Juan Esteban Arellano, ex presidente de Andinatel; 

• Pablo Patiño Rodríguez, gerente de Algalite;

• Juan José Vivas Hilbron, apoderado de Mulberry Finance INC. 

Además, solicita medidas cautelares en contra de Juan José Vivas Wagner y Roosevelt Chica. (El Diario, 2007)

Por su parte, la defensa de Palacio asegura que existe un informe pericial realizado a pedido del propio ministro Fiscal que indica que no hubo egresos para la ejecución del contrato y, por tanto, no se produjo ningún perjuicio ni el delito de peculado. (El Universo, 2007)

Alfredo Palacio  emite un comunicado de prensa donde rechaza la instrucción iniciada contra él, y asegura que este proceso llevado por la Fiscalía  es "una persecución política". (El Diario, 2007) Asimismo, Palacio asegura que Andinatel tiene “su propio directorio y representante legal y que son ellos los que resuelven de manera autónoma contratar o no con una o tal compañía, por lo que él nada tiene que ver en esa toma de decisiones y mucho menos en los contratos”. (La Hora, 2007)

La Contraloría inicia un examen especial a las declaraciones juramentadas de ex autoridades de Andinatel. Del mismo modo, se inicia la investigación de la declaración patrimonial juramentada de Rossevelt Chica y Juan José Vivas Hibron. (La Hora, 2007)

Palacio presenta ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil una demanda contra el diputado Almeida (PSP) por daño moral solicitando una indemnización, de la cual no se conoce el monto. La demanda surge tras el escándalo de la suscripción del contrato entre Andinatel y Algalite. (El Universo, 2007)

Se realiza la elección de los constituyentes para la conformación de la nueva Asamblea. En el escrutinio, se concluye que Alianza PAIS, y otros movimientos políticos cercanos a Correa consiguieron cerca de 80 de 130 escaños en la Asamblea Constituyente. (Freidenberg & Pachano, 2016). Esta cantidad representaría alrededor del 62% del total de escaños (Salgado, 2008). Del mismo modo, la nueva Asamblea asume los plenos poderes constitucionales y disuelve al Congreso hasta la aprobación de la Constitución de 2008 en un referendo. (Infobae, 2007)

La Fiscalía se abstiene de acusar al expresidente Alfredo Palacio y a Juan Esteban Arellano, ex titular de Andinatel. (El Universo, 2007) La resolución del fiscal, Raúl López, sostiene que las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación:

“No (se) determinan indicios graves de culpabilidad contra los investigados, pues los existentes se han desvanecido y considerando que no hay méritos suficientes para continuar el juicio contra el doctor Alfredo Palacio González, ex presidente de la República, Juan Esteban Arellano Rumazo, ex presidente ejecutivo de Andinatel S.A…” (El Universo, 2007)

De esta manera, el dictamen incluye a otros funcionarios y es remitido a la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La investigación sostiene que el contrato no provocó un perjuicio al Estado porque no se erogaron dineros públicos. (El Universo, 2007)

El fiscal general del Estado, Jorge German Ramirez, es destituido por la nueva Asamblea Costituyente. El fiscal por su parte acepta la destitución y asegura que se someterá a las decisiones que adopte la Asamblea. Del mismo modo, habrían sido destituidos los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y las superintendencias de Telecomunicaciones, Bancos y Compañías. (El País, 2007)

Washington Pesántez Muñóz es posesionado como nuevo fiscal general del Estado por la Asamblea Constituyente. (El Universo, 2007)

La Sala Tercera de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declara el sobreseimiento definitivo para Alfredo Palacio, Juan José Vivas Wagner, Juan José Vivas Hilbron, Roosevelt Chica y Juan Esteban Arellano. Los magistrados señalan que la Fiscalía no habría presentado acusación alguna, por lo cual se produce el sobreseimiento. (Notimerica, 2007)

Estados Unidos niega la visa a Roosevelt Chica. El país asegura que Chica no es elegible para obtener el permiso de ingreso a territorio americano porque habría estado involucrado en actos de corrupción. Sin embargo, Roosevelt Chica afirma que “que ha habido un error, ya que él nunca ha estado involucrado en actos de corrupción”. (El Universo, 2008)