A través de una rueda de prensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, denunció que en Ecuador residen dos hackers rusos y un miembro de WikiLeaks que habrían estado “colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno nacional”. A su vez, anticipó que esta información sería entregada a Fiscalía, a fin de que esta se encargue de la investigación correspondiente. (Ministerio del Interior, 2019)

Ese mismo día, a las 13h23, de acuerdo con el parte policial suscrito por agentes investigadores de la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos, se receptó una llamada al 1800-DELITO, en donde un denunciante indicó conocer a Ola Bini, y lo señaló como “una de las personas que la Ministra del Interior nombró en los noticieros de la mañana”. Adicionalmente, alertó que el programador estaba camino al aeropuerto con el fin de salir del país. (Fiscalía, 2019). Cabe señalar que Bini es de nacionalidad sueca y reside en Ecuador desde 2013.

En virtud de este parte policial, el Fiscal de Pichincha, Fabián Chávez Zambrano, dio inicio a la fase pre procesal de investigación previa, a fin de indagar el presunto delito informático. A su vez, dispuso que se impida por un tiempo no mayor a ocho horas, que el ciudadano Ola Bini se ausente del lugar en donde se encuentre ubicado. (Fiscalía, 2019)

A las 15h19, aproximadamente, la Policía Nacional detuvo a Ola Bini en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, sin una orden judicial. (Policía Nacional, 2019). Sus derechos fueron leídos en inglés y español, pero no en sueco que es su lengua materna.

Según lo recoge el informe elaborado por la misión de observación constituida por varias organizaciones de la sociedad civil, luego de más de seis horas de detención, a las 21h53, Fiscalía solicitó a la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes la orden judicial de detención con fines investigativos y la orden de allanamiento del domicilio de Bini (Misión de Observación, 2022). Asimismo, solicitó que se autorice la extracción de información que contengan los dispositivos recabados en estas diligencias. A las 22h04, la jueza Daniela Mayorga avocó conocimiento de la petición y autorizó lo solicitado. (SATJE, 2019)

El abogado de Ola Bini manifestó que durante la detención en el aeropuerto no le permitieron tener contacto con su cliente; a su vez, denunció que el programador fue interrogado sin un traductor o la presencia de su defensa. (GK, 2019).

A las 3h30, la Policía Nacional allanó la vivienda de Ola Bini. Según lo recoge el informe elaborado por el Observatorio de Derechos y Justicia en torno a esta detención, Bini permaneció esposado fuera de su domicilio mientras se realizaba el allanamiento. (ODJ, 2019) A las 08h29 se emitió el reporte médico en la Unidad de Flagrancia. La audiencia de formulación de cargos se efectuó a las 22h02. Dentro de la misma se formularon cargos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos, se dictó prisión preventiva y se dispuso la retención de las cuentas del programador. Cabe señalar que dentro de la audiencia el Cónsul General Honorario del Reino de Suecia en Quito manifestó su inconformidad por cómo se estaba manejando el proceso. A su vez denunció que Bini no pudo tener contacto con sus abogados previo a la asistencia consular, por lo que se vulneraron sus derechos. (SATJE, 2019)

Varios pronunciamientos en torno a la detención de Ola Bini se hicieron públicos (GK, 2019). El Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye; el Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza; y, organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por la detención del programador. (La Historia, 2019)

La defensa de Ola Bini interpuso un recurso de apelación sobre la medida cautelar de prisión preventiva. (SATJE, 2021) Los padres del programador arribaron a Ecuador. (El Universo, 2019)

El recurso de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva fue asignado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en virtud del acta de sorteo. (SATJE, 2019)

El cónsul honorífico de Suecia, Ola Ivar Ernberg, junto a los padres de Ola Bini acudieron al Centro de Detención Provisional para cerciorarse del estado de salud y anímico del programador. (GK, 2019)

En virtud del acta de sorteo, la jueza Yadira Proaño Obando avocó conocimiento de la causa y autorizó el reconocimiento y extracción de la información de los dispositivos incautados.

Se realizó la audiencia de apelación de la medida de prisión preventiva dictada el 12 de abril. Con voto de mayoría, el Tribunal Penal de la Corte Provincial negó la apelación y ratificó la medida de prisión preventiva, por cuanto consideraron que los elementos de convicción que motivaron la prisión preventiva se mantenían vigentes. (El Comercio, 2019) Por otra parte, 72 organizaciones sociales nacionales, regionales y globales se pronunciaron en contra de la detención de Ola Bini, así como de las irregularidades evidenciadas durante el proceso. (Free Ola Bini, 2019)

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, el Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, enviaron un llamamiento urgente al gobierno ecuatoriano, en donde expresaron la consternación por la posible vinculación del arresto y proceso iniciado en contra de Ola Bini, con su trabajo, activismo y apoyo público a Julian Assange.  (Carta de la ONU, 2019)

La defensa de Ola Bini ingresó una solicitud de audiencia para fijar una fianza y con esto poner fin a la prisión preventiva de su cliente. (El Comercio, 2021)

Se realizó la audiencia para analizar las medidas cautelares y de protección impuestas contra Ola Bini. La jueza competente de conocer el caso negó el pedido de fianza. (Primicias, 2019). Según consta en el extracto de la audiencia, la jueza manifestó que, a pesar de que no se ha determinado quién es la víctima dentro del delito imputado, ni tampoco el monto de su reparación integral, es su deber como juzgadora garantizar el derecho de las posibles víctimas, por lo que niega el pedido de fianza. (El Comercio, 2019)

La defensa de Ola Bini interpuso una acción de Hábeas Corpus. La competencia recayó en la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. (SATJE, 2019)

Con el voto favorable de dos jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia se aceptó el hábeas corpus. De esta manera, Ola Bini recuperó su libertad, luego de 70 días en prisión. Como medida alternativa a la prisión preventiva se dispuso la presentación semanal ante los magistrados. (El Comercio, 2019) A su vez, se dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicien los procesos pertinentes en contra de los jueces y fiscales que participaron en la detención de Ola Bini.

En entrevista con el portal GK, Ola Bini expuso las condiciones precarias y denigrantes que vivió durante su privación de libertad. De este modo, contó sobre el hacinamiento, la falta de agua y luz, la comida poco nutritiva y las limitaciones para tener visitas en la cárcel. Asimismo, detalló los hechos que vivió durante la detención del 11 de abril y señaló que no descarta iniciar acciones en contra del gobierno o del Estado por la violación a sus derechos. (GK, 2019)

La fiscalía solicitó vincular a Marco Argüello en el caso. Según lo señalado dentro del documento, la información obtenida en la instrucción fiscal permitió presumir la participación de Marco Argüello dentro del delito de ataque a sistemas informáticos. Por su parte, el abogado de Bini cuestionó esta solicitud de Fiscalía, en cuanto a que considera que esta vinculación tiene como objetivo ampliar por treinta días más las instrucción fiscal. (El Universo, 2019)

La jueza encargada Irene Pérez vinculó a Marco Argüello con la presunta participación en el delito de ataque a la integridad del sistema.  Con esto, la instrucción fiscal se alargó 30 días. (La República, 2019)

La organización internacional de derechos humanos y digitales Electronic Frontier Foundation (EFF) se pronunció sobre el caso de Ola Bini. De acuerdo con el seguimiento realizado por la institución, se registran 65 violaciones del debido proceso. Además, calificaron al proceso como un hecho político y no criminal. (El Universo, 2019)

Los peritos investigadores lograron acceder al sistema de los dispositivos incautados a Ola Bini. Con esto, la Fiscalía alegó que identificó elementos que fortalecen la teoría del ingreso ilegal a servidores de entidades públicas. De acuerdo con lo recogido en los medios de comunicación, el elemento sería una fotografía que muestra la dirección IP pública del ruteador y las direcciones privadas al que accedió el programador, en donde se encuentran CNT, Senain y Petroecuador. (El Universo, 2019) En relación con este hecho, la defensa de Ola Bini señaló que pediría la exclusión de esta prueba, debido a que el portal 4 pelagatos difundió parte del contenido de la extracción, cuando esta información tenía un carácter reservado y no debía ser difundido anticipadamente a través de ningún medio. (Primicias, 2019)

CNT presentó una acusación particular en contra de Ola Bini. por el supuesto cometimiento del delito de ataque a la integridad de los sistemas informáticos. De acuerdo con los fundamentos presentados por CNT, Bini, con apoyo de Marco Argüello, ingresó a la IP LAN sin autorización o designación del personal de la compañía correspondiente. De esta manera, se afecta a la propiedad sobre la información y la seguridad de los activos de los sistemas informáticos de CNT. (SATJE, 2019)

Amnistía Internacional denunció que el gobierno ecuatoriano interfirió en el proceso penal contra Ola Bini. De acuerdo con la organización, las autoridades han violado la independencia de las investigaciones, el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia del programador sueco. A su vez, ratificó que continuará vigilando el desarrollo del caso judicial. (Amnistía Internacional, 2019).

La defensa de Ola Bini interpuso una demanda de recusación en contra de la jueza Yadira Proaño Obando, quien era la jueza competente dentro de la etapa de formulación de cargos y evaluación y preparatoria de juicio. A través de esta acción se buscaba separar a la juzgadora de la tramitación del proceso penal del programador sueco. La recusación se fundamentó en la existencia de un conflicto constitucional y penal, derivado del Habeas Corpus presentado a la Corte Provincial, en donde se dispuso sanciones para la jueza, hecho que podría afectar la imparcialidad de la juzgadora. (SATJE, 2019)

Se realizó la audiencia de reformulación de cargos, en donde la fiscalía cambió el tipo penal de “ataque a la integridad de los sistemas informáticos”, previsto en el artículo 232 numeral 1 del Código Orgánico Integral de Procesos, a “acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones”, tipificado en el artículo 234 del mismo código. (SATJE, 2019) Para la defensa de Ola Bini, el cambio del tipo penal por el que acusa la fiscalía se produjo a tan solo 48 horas de finalizar el plazo de la instrucción fiscal, por lo que el estrecho margen del tiempo deja sin posibilidades a la defensa para presentar descargos en esta etapa del proceso. (Primicias, 2019)

Varias organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de las actuaciones dentro de la audiencia de reformación de cargos, pues consideran que se vulneró el derecho a la defensa de los acusados. (APC, 2019)

La jueza convocó a las partes a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se realizaría el 10 de octubre de 2019. (SATJE, 2019)

La Policía Nacional y la Fiscalía allanaron la casa de Fabián Hurtado, perito contratado por la defensa de Ola Bini, por un supuesto fraude procesal. (GK, 2019) Según la Fiscalía este allanamiento se ejecutó porque, aparentemente, Hurtado “habría incorporado información engañosa en su hoja de vida para tratar de inducir al engaño a autoridades y a la ciudadanía” (FGE, 2019). Por su parte, para el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, este acto representa una “violación más al debido proceso en el caso” (El Telégrafo, 2019). Cabe señalar que Hurtado participó como perito dentro del caso de Ola Bini, en donde sostuvo que el programador sueco no había violado el sistema informático de la CNT.

Producto de la demanda de recusación interpuesta por la defensa de Ola Bini en contra de la jueza Yadira Proaño Obando, la juzgadora se apartó del proceso hasta que se resuelva la demanda; a su vez, remitió el expediente a la sala de sorteos, a fin de que se asigne el caso a una nueva juzgadora. (SATJE, 2021) El funcionario del Consejo de la Judicatura, Luis Aponte Escobar, ingresó el proceso en dos ocasiones, a diferentes horas, en el sistema de sorteos. Esto significó que la causa fue asignada a dos juzgadoras distintas, razón por la cual se tuvo que dirimir la competencia entre ellas. Finalmente, la jueza Cevallos Ballesteros fue quien avocó conocimiento de la causa.

Se llevó a cabo la audiencia por la demanda de recusación interpuesta por la defensa de Ola Bini. La jueza María Elena Lara, competente dentro de este caso, rechazó la demanda propuesta, con lo cual, la jueza Yadira Proaño Obando se ratificó como la jueza competente para tramitar  el proceso penal que se sigue contra el programador sueco. En esta instancia no se aceptó la impugnación a la resolución, por lo cual se interpuso un recurso de hecho, a fin de que la Corte Provincial de Pichincha sea la encargada de resolver la demanda.

La audiencia no se pudo llevar a cabo debido a las manifestaciones nacionales que iniciaron desde el 3 de octubre y se prolongaron hasta el 13 del mismo mes.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha inadmitió el recurso de hecho. Por consiguiente, ordenó la devolución del proceso a fin de que continúe el trámite correspondiente. De este modo se ratificó a la jueza Yadira Proaño Obando como la competente para continuar con la tramitación de la causa penal contra Ola Bini.

La jueza Cevallos Ballesteros convocó a audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio para el 17 de febrero de 2020. Sin embargo, la competencia para tramitar esta causa regresó a la juzgadora Yadira Proaño Obando, en cuanto se rechazó la demanda de recusación que se presentó en su contra. (SATJE, 2020)

La jueza Yadira Proaño Obando avocó nuevamente conocimiento de la causa y, en virtud de la agenda de su despacho, reprogramó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y convocó a las partes procesales a la audiencia a desarrollarse el 5 de marzo de 2020. (SATJE, 2020) En el marco de esta audiencia, más de quince organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional se consolidaron en una Misión de Observación, a fin de supervisar la audiencia.

Por pedido de Fiscalía se reagendó por cuarta vez la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Así, esta quedó prevista para el 17 de marzo del 2020; sin embargo, producto de la pandemia por COVID-19 esta audiencia no se pudo realizar. (SATJE, 2020)

En el marco de la visita de Amnistía Internacional a Ecuador se emitió un pronunciamiento en donde se expresó la preocupación de la organización por la “falta de acciones concretas del Estado para garantizar la protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos”. (Amnistía Internacional, 2020)

Luego de más de ocho meses de inactividad dentro del proceso, se convocó a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a desarrollarse el 3 de diciembre de 2020. (SATJE, 2020)

Una vez instalada la audiencia, los abogados de Ola Bini solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado, debido a la vulneración al debido proceso y a los derechos del programador sueco. (El Comercio, 2020) La jueza Yadira Proaño Obando suspendió la audiencia, a fin de valorar y analizar los argumentos presentados por las partes en cuanto a la validez del proceso. A su vez, convocó el 16 de diciembre para la reinstalación de la audiencia. (SATJE, 2020)

Se reinstaló la audiencia, pero no se permitió la presencia del público. Esto fue cuestionado por las organizaciones sociales que participaban como veedores. (Misión de Observación, 2022) En la audiencia, la jueza Yadira Proaño Obando declaró la validez de todo lo actuado. A su vez, escuchó los alegatos de las partes. La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio en contra de Ola Bini; mientras que, para Marco Argüello se emitió un sobreseimiento. (El Universo, 2020) Una vez culminada esta fase procesal se suspendió una vez más la audiencia para valorar los argumentos expuestos por las partes procesales. En esta ocasión no se señaló fecha de reinstalación de la audiencia. (SATJE, 2020)

La Relatoría de la CIDH en su Informe Anual 2020 calificó como preocupante que durante el 2020 se suspendió y reprogramó en al menos cinco ocasiones la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del proceso de Ola Bini. (RELE CIDH, 2021)

La defensa de Ola Bini planea una nueva recusación en contra de la jueza Yadira Proaño Obando. De acuerdo con la demanda, la parte acusada solicitó por siete ocasiones la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de la juzgadora. En ese sentido, la recusación se fundamenta en la no sustanciación del proceso en el tiempo determinado en la ley. Ese mismo día, la jueza Proaño Obando convocó a las partes procesales a la reinstalación de la audiencia, la misma que se efectuaría el 29 de junio de 2021. (SATJE, 2021)

En la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la jueza Yadira Proaño Obando acogió el dictamen acusatorio de Fiscalía, con lo cual llamó a juicio a Ola Bini. De este modo, el programador sueco será juzgado por un tribunal por el delito de acceso no consentido a un sistema informático. (El Universo, 2021) El abogado de Bini anunció que presentará una denuncia por fraude procesal. (Primicias, 2021)

 La defensa de Ola Bini denunció en fiscalía un presunto fraude procesal contra la Policía Nacional.

Ximena Rodríguez Párraga, jueza competente para conocer y resolver la recusación, admitió la demanda y dispuso la separación definitiva de la jueza Yadira Proaño Obando de la tramitación del proceso penal que se sigue en contra de Ola Bini. (Primicias, 2021)

El portal La Posta presentó un reportaje en donde expuso que la detención de Ola Bini respondió a los intereses del gobierno de turno por capturar a la persona que filtró información sobre la vinculación del presidente Lenín Moreno y paraísos fiscales (INA papers). A pesar de que autoridades del gobierno conocían que Ola Bini no estuvo involucrado en las filtraciones, eso no impidió que se ejecute la detención. Por otra parte, investigaciones internacionales como el reporte sobre “La persecución en contra de la comunidad de la seguridad de la información en América Latina” elaborado por la organización Access Now y la Clínica de Derecho Cibernético de la Facultad de Derecho de Harvard, han catalogado el caso de Ola Bini como un paradigma de la gravedad de la persecución que se puede alcanzar.

El Tribunal de Garantías Penales convocó a audiencia de juicio el jueves 21 y viernes 22 de octubre de 2022.  Sin embargo, esta se difirió porque el gerente de CNT no podía asistir a la misma. (El Comercio, 2021) Cabe señalar que el tribunal no señaló una nueva fecha para la realización de la audiencia. (El Universo, 2021). Ante este diferimiento, la Misión de Observación de organizaciones sociales catalogaron a esto como una nueva irregularidad dentro del proceso y enfatizaron que han transcurrido más de 900 días sin que se resuelva el caso. (INREDH, 2021)

El caso de Ola Bini cobró cada mayor relevancia internacional. Así, uno de los fundadores de Tor Project será uno de los peritos en el juicio.

Dos meses después, el Tribunal convocó los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de enero de 2022 a la audiencia oral de juzgamiento. Ola Bini cuestionó en sus redes sociales las presiones políticas y mentiras sobre el caso, así como los retrasos injustificados dentro del proceso. (El Universo, 2021)

Se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de Ola Bini. El tribunal escuchó los alegatos de apertura de las partes procesales. Inmediatamente, la Fiscalía comenzó a presentar y exponer las pruebas que sustentan su dictamen. (El Universo, 2022) Los dos días posteriores la Fiscalía continuó practicando las pruebas periciales, testimoniales y documentales con las que contaba. Una vez finalice su intervención le corresponderá a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones presentar sus pruebas, como acusadores particulares. Mientras que, la defensa de Ola Bini expondrá sus pruebas una vez culminen los acusadores. 

De acuerdo con la Misión de Observación que estuvo presente en las audiencias, durante los tres primeros días de juicio se evidenció (p. 38):

• La improvisación y falta de rigor técnico y procesal por parte de Fiscalía al momento de practicar sus pruebas

• Los reiterados llamados de atención del Tribunal al Fiscal a cargo de la acusación y sus testigos, por diversas irregularidades y vulneraciones al debido proceso

• La completa ausencia de pruebas aportadas por parte de los testigos policiales y peritos convocados por la Fiscalía

• La confirmación de que la detención de Ola Bini fue arbitraria e ilegal, a partir de los tres testimonios policiales

• La ilegalidad del allanamiento contra Ola Bini, puesto que no se encontraba en su casa cuando sucedió y la policía incautó más elementos de los que se habían delimitado en el parte oficial.

Se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra del perito Fabián Hurtado, por el supuesto delito de fraude procesal. Cabe señalar que Hurtado participó como perito dentro del caso de Ola Bini, en donde sostuvo que el programador sueco no ha violado el sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. (Misión de Observación, 2022)

En el marco de la instrucción fiscal dentro del proceso del perito Fabián Hurtado, la Fiscalía allanó el Centro de Autonomía Digitar (CAD), organización cercada a Ola Bini, por el presunto fraude procesal. (Plan V, 2022) Ante las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional, varias organizaciones sociales, prensa, e instituciones internacionales de derechos humanos reaccionaron y cuestionaron los procedimientos irregulares y violentos que se estaban ejecutando. En esta misma línea, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo un llamado a las autoridades a velar por todas las garantías dentro de los procesos.

Se reinstaló la audiencia de juicio en contra de Ola Bini, la misma que se efectuó hasta el viernes 20 de mayo, en donde se escuchó los testimonios de la defensa del programador sueco. (El Universo, 2022) Culminada la jornada, el Tribunal señaló que se convocaría a una reinstalación de la audiencia, en donde se debe presentar el testimonio del ciudadano procesado y las pruebas documentales de la defensa. (SATJE, 2022)

El Tribunal de Garantías Penales convocó a la reinstalación de la audiencia de juicio, la misma que se realizará los días 30 y 31 de agosto de 2022. (SATJE, 2022)