El presidente Lenín Moreno convoca a un referendo y consulta popular, mediante Decreto Ejecutivo 299 y Decreto Ejecutivo 230, respectivamente, a fin de tratar 7 preguntas, una de ellas correspondiente a la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de iniciar un periodo de transición para evaluar a las autoridades de control designadas en el gobierno anterior.

Se efectuó el referendo y consulta popular a nivel nacional. Los resultados fueron favorables para el gobierno en todas las preguntas planteadas.

Tras la presentación de ternas, la Asamblea Nacional posesionó a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Este órgano se conformó con Julio César Trujillo, Eduardo Mendoza, Miryam Félix, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila y Xavier Zavala. (El Universo, 2018)

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-O-010-04-04-2018, inició el proceso de evaluación a los vocales del Consejo de la Judicatura. Este órgano estaba conformado por: Gustavo Jalkh, Ana Peralta, Rosa Jiménez, Nestor Arbito y Alejandro Subía. (CPCCS-T, 2018)

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesó en sus funciones a los vocales del Consejo de la Judicatura. Días antes los vocales evaluados anticiparon su destitución. (El Comercio, 2018)

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio posesionó a los vocales encargados del Consejo de la Judicatura, quienes debían ejercer sus cargos hasta la designación de los vocales definitivos. Este organismo se conformó por: Aquiles Rigail, Angélica Porras, Zobeida Aragundi, Marcelo Merlo y Juan Pablo Albán. (CPCCS-T, 2018)

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió prohibir al Consejo de la Judicatura transitorio evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. (El Universo, 2018) A su vez, aprobó el Mandato del proceso de selección y designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Desde FCD se realizó una veeduría al proceso.

Juan Pablo Albán renunció a su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Su  renuncia se basó en temas personales. Se evidenciaron pugnas internas entre los vocales durante los meses de funcionamiento del órgano transitorio.  (La Hora, 2018)

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019, designó a Emma Patricia Esquetini Cáceres, Fausto Roberto Murillo Fierro, Ruth Maribel Barreno Velin, Juan José Morillo Velasco y María del Carmen Maldonado Sánchez, como vocales del Consejo de la Judicatura. En el artículo 2 de la resolución, el CPCCS-T dispuso que “[a]nte el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura”.

La Asamblea Nacional posesionó al nuevo Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura inició el proceso de evaluación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para esto, aprobó el Reglamento del proceso, compuesto por nueve artículos, en donde se detallaron los cuatro criterios de evaluación: cualitativos, cuantitativos, de legitimidad y transparencia. A su vez, se estableció que el proceso contaría con un Comité de Expertos y Comité Evaluador, los mismos que se conformarían con catedráticos universitarios. Adicionalmente, se señaló que el Consejo de la Judicatura solicitaría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la conformación de una veeduría nacional, para vigilar todo el proceso. (Consejo de la Judicatura, 2019) La decisión de iniciar el proceso de evaluación fue comunicada de manera oficial el 24 de febrero de 2019, mediante una cadena nacional.

Los integrantes de la Corte Nacional de Justicia a través de su presidenta, Paulina Aguirre, cuestionaron el proceso de evaluación impulsado por el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con los magistrados, el Reglamento violaba normas constitucionales y el Código Orgánico de la Función Judicial y atentaba al principio de legalidad y seguridad jurídica. (El Comercio, 2019)

El pleno del Consejo de la Judicatura designó el Comité de Expertos encargado de participar en el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, brindando asistencia técnica en el diseño de la metodología para la evaluación. Este se conformó por Santiago Velázquez, Tito Enrique Quintero, Alexandra Villacís, Eugenio Salinas, Jorge Vicente Vázquez y Santiago Galán Melo. (El Universo, 2019)

El Comité de Expertos entregó al Pleno del Consejo de la Judicatura la metodología y el cronograma para la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Adicionalmente, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, señaló que en la primera semana de julio se conformaría el Comité Evaluador, que será el encargado de aplicar la valoración a los magistrados. (El Comercio, 2019)

El Consejo de la Judicatura notificó oficialmente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con la metodología que se aplicará en la evaluación de su gestión. (Consejo de la Judicatura, 2019)

El pleno del Consejo de la Judicatura posesionó al Comité Evaluador, encardo de apoyar en la evaluación a la Corte Nacional de Justicia. (Consejo de la Judicatura, 2019). Este organismo fue conformado por las siguientes personas: Geovani Sacasari Aucapiña, Vladimiro Álvarez Grau, Juan Mejía Mediavilla, Roberto Salgado Valdez, Rubén Morán Sarmiento, Álvaro Mejía Salazar, Corina Navarrete Luque, Emma Yépez Andrade, Ramiro García Falconí, María Narváez Álvarez, Víctor Granda Aguilar, Teodoro Verdugo Silva, Jhonny de la Pared Darquea.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador se pronunció en contra de prácticas de intimidación generalizada o tentativa de direccionamiento de los fallos por parte de los evaluadores; a su vez, advirtió que el proceso de evaluación integral mantiene inconsistencias constitucionales y legales que afecta la independencia judicial y el Estado de Derecho”. (AEMAJ, 2019)

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces interpuso una acción de inconstitucionalidad contra varias resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura, en el marco del proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. (AEMAJ, 2019)

La Corte Constitucional aceptó a trámite la acción pública de inconstitucionalidad planteada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador y dispuso que se priorizaría el tratamiento de la causa por la relevancia del caso. No obstante, esto no afectó el desarrollo del proceso. (Corte Constitucional, 2019)

El Consejo de la Judicatura proclamó los resultados finales y notificó la destitución de 21 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que no superaron la evaluación aplicada. A su vez, ratificó el cargo de 13 integrantes que alcanzaron la puntuación mínima para aprobar la evaluación. (Primicias, 2019)

La evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia tuvo lugar de manera simultánea a procesos judiciales de relevancia nacional, como el caso “Sobornos 2012-2016” en donde se sentenció al expresidente Rafael Correa. De esta manera, en octubre de 2019 se destituyó a dos jueces, Edgar Flores y Luis Enríquez, que votaron por la sustitución de medidas cautelares a favor de Alexis Mera, ex funcionario del gobierno de Correa; mientras que, Daniela Camacho, quien era la jueza competente dentro del proceso contra el exmandatario logró superar la evaluación.

Dos días después, mediante cadena nacional, la presidenta del Consejo de la Judicatura informó a la ciudadanía sobre los resultados de la evaluación.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) se pronunció en torno a la remoción de dos tercios de magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Dentro del comunicado emitido señaló que la remoción de los jueces y conjueces, producto de un cuestionado proceso de evaluación, no se encuentra previsto en la norma. Por consiguiente, esta decisión podría dar lugar a una responsabilidad estatal. (DPLF, 2019) En esta misma línea, DPLF alertó que el Estado ecuatoriano ya fue condenado en otras ocasiones por el cese arbitrario de vocales del Tribunal Constitucional del Ecuador en 2004, así como de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el mismo año.

Con la finalidad de retomar las actividades en la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura anunció la lista de 26 conjueces temporales que reemplazarían a los magistrados destituidos durante el proceso de evaluación. Estos reemplazos fueron seleccionados de Cortes Provinciales y de los Tribunales Distritales Contencioso Administrativo y Tributario. (Primicias, 2019)

Los magistrados destituidos de la Corte Nacional de Justicia solicitaron a la Corte Constitucional que revise su destitución; posteriormente acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer una demanda contra el Estado Ecuatoriano. (Primicias, 2019)

Veinte de los magistrados destituidos producto de la evaluación impulsada por el Consejo de la Judicatura interpusieron una acción de protección en la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco, a la que se le asignó el número de proceso 17160-2020-00272. (SATJE, 2020)

El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego Sayán, emitió una carta al Estado ecuatoriano en donde expresó su preocupación por las fallas en el Reglamento para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, la composición del Comité de Apoyo para la Evaluación integral, y el informe elaborado por el mismo que formó la base de la decisión tomada por el pleno del Consejo de la Judicatura de cesar a los jueces y conjueces, aparentemente sin la debida consideración  de las limitaciones jurídicas internas aplicables.

Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias del nombramiento de jueces temporales, aparentemente sin base clara en la ley doméstica, para la administración de la justicia en la Corte Nacional de Justicia. En esta línea, recordó que el establecimiento de una situación en la que el poder judicial pueda ser controlado, dirigido o influenciado en el cumplimiento de sus funciones judiciales, es incompatible con la noción de un tribunal independiente.

Finalmente, solicitó información en torno al proceso de evaluación integral, sobre la compatibilidad del reglamento con la ley de Ecuador; sobre las medidas tomadas para asegurar la compatibilidad del reglamento y el proceso de cesación de jueces; y, sobre la base legal para el nombramiento de jueces y conjueces temporales.

El juez de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco, competente dentro del proceso 17160-2020-00272, negó la acción de protección presentada por los magistrados destituidos, por considerar que no se han vulnerado derechos constitucionales. La sentencia fue notificada el 2 de julio de 2020. Los accionantes apelaron esta decisión. (SATJE, 2022)

El Consejo de la Judicatura inició el concurso de méritos y oposición para designar a 16 magistrados que reemplazarán a los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Estaba previsto que el proceso culmine en diciembre de 2020. (Primicias, 2020)

El proceso iniciado por el Consejo de la Judicatura para designar a 16 magistrados se vio envuelto en varios cuestionamientos. Por un lado, se registraron problemas técnicos que retrasaron el concurso; por otra parte, la Comisión Nacional Anticorrupción que tenía intenciones de realizar veeduría al proceso, desistió del mismo, alegando la falta de transparencia e información. Así también, se observó que el proceso buscaba reemplazar a 16 jueces, cuando la normativa vigente establece que las renovaciones deben ser por tercios. A estas inconsistencias se sumó la crítica sobre la conformación irregular de los tribunales de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, que puede dar paso a demandas internacionales contra el Estado. (Primicias, 2020) Varias organizaciones sociales alertaron las inconsistencias durante el proceso. Una de ellas fue Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que emitió un informe sobre el concurso. (Plan V, 2020)

El concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia tenía previsto designar a 16 magistrados para llenar las vacantes en las cinco salas del órgano jurisdiccional. Sin embargo, solo 9 postulantes llegaron a la última fase del concurso. Posterior a la recalificación, 11 postulantes alcanzaron el puntaje mínimo para alcanzar el cargo de jueces o conjueces de la Corte Nacional de Justicia. De este modo, todavía existen magistrados que deben ser reemplazados.  (Primicias, 2021)

La Corte Constitucional del Ecuador resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Así, el máximo órgano de justicia constitucional declaró la inconstitucionalidad del contenido del reglamento para la evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. A su vez, dispuso que la jurisdicción contencioso administrativa ejerza el mecanismo de reparación a los magistrados destituidos, sin que esto signifique la restitución en sus cargos, pues existen situaciones jurídicas consolidadas. La indemnización que podían acceder las personas afectadas es de la remuneración percibida al momento de su remoción calculada por el tiempo que le faltaba para cumplir tres años en el cargo. (Corte Constitucional, 2021)

De acuerdo con la Corte Constitucional, las disposiciones del reglamento sobre la evaluación y destitución no se enmarcan en el término legal que establece que la evaluación y renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia es de cada tres años. (Primicias, 2021)

Por su parte, el Consejo de la Judicatura alegó que la evaluación respondió a un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en donde señaló que la evaluación a los jueces debía ser inmediata. Además, añadió que el proceso fue el resultado de la voluntad ciudadana expresada en la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018. (Consejo de la Judicatura, 2021)

El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió aceptar parcialmente el recurso de apelación y, por ende, la acción de protección presentada por los magistrados destituidos. De esta manera, se dispuso que, ante la imposibilidad de poder ordenar la restitución de los accionantes a sus cargos por situaciones jurídicas consolidadas, se repare económicamente a los afectados con el pago de la remuneración más los beneficios de ley. Este valor deberá ser fijado por la jurisdicción contenciosa-administrativa. (SATJE, 2022)

El Consejo de la Judicatura alertó que la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha se contradice con la decisión de la Corte Constitucional. Por tal motivo, la presidenta del Consejo de la Judicatura señaló que interpondrían los recursos de ampliación y aclaración, además de una acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha. Adicionalmente, denunció que una de las juezas del tribunal que firmó la sentencia se encontraba con licencia de vacaciones, por lo cual su jurisdicción estaba suspendida. (Consejo de la Judicatura, 2022)

El Consejo de la Judicatura interpuso una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha. (SATJE, 2022)

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por el Consejo de la Judicatura en contra de la sentencia del 30 de diciembre de 2021, emitida en virtud del proceso número 17160-2020-00272. (Corte Constitucional, 2022)